La decisión del gobierno estadounidense y la empresa de autopartes Tridonex de indemnizar a más de 150 trabajadores de la planta de Matamoros, Tamaulipas, fue, según los representantes legales de la compañía, un acto de buena voluntad.

“Fue de buena fe”, apuntó el abogado Juan Francisco Torres, líder de la práctica en América Latina de la firma Hogan Lovells, que asesoró a la empresa en sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Tridonex y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos acordaron la semana pasada pagar más de 600 mil dólares en liquidaciones y salarios atrasados a 154 trabajadores despedidos de la planta de la compañía en Tamaulipas.

La decisión se tomó pese a que ni la empresa ni el gobierno mexicano reconocen que haya habido violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la planta, basándose en lo que establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según Hogan Lovells, el acuerdo asegura al gobierno de EU que la empresa no incurrirá en negaciones de los derechos laborales de sus trabajadores. Además, evitó que se activara un panel de resolución de controversias.

“EU tendría que haber solicitado la configuración de un panel… La generación de ese panel habría sido una pérdida de tiempo y de recursos”, indicó Torres en entrevista. Las negociaciones empezaron en mayo, después de que Estados Unidos activara el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC. La empresa y las autoridades estadounidenses se mantuvieron en contacto desde entonces, evaluando las quejas en contra de la compañía. La lista de trabajadores que se indemnizará forma parte de lo pactado en este diálogo. La firma señaló desconocer cómo se decidió a cuántos y a quiénes se les compensará, mas indicó que las autoridades de EU contaban con una propuesta inicial basada en sus propios expedientes.

Hogan Lovells confirmó que el gobierno mexicano no se involucró en las negociaciones. Lo único que pidió fue que, si se alcanzaba un acuerdo, que este se apegara a las leyes laborales del país.

“EU tendría que haber solicitado un panel… habría sido una pérdida de tiempo” Juan Francisco Torres, abogado de Hogan Lovells