Según el “Informe sobre supervisión y fiscalización laboral en el T-MEC”, que elaboró el Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización, uno de los proyectos recibirá 10 millones de dólares para desarrollar la capacidad de inspección del trabajo y dicho plan será anunciado próximamente.

Otro más, de 7 millones de dólares, será para reducir el trabajo infantil y otras formas de explotación laboral en la siembra de chile y tomate, el cual se pretende adjudicar este mes.

Para febrero se dará a conocer otro proyecto por 5 millones de dólares para que el País cumpla con lo expresado en el capítulo laboral del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) y exista rendición de cuentas en lo relativo al trabajo infantil y forzoso en las cadenas de suministro de tomate y chile.

Asimismo, el Departamento del Trabajo tiene un acuerdo de colaboración por 18 millones de dólares, para los próximos dos años, con la Organización Internacional del Trabajo, para un proyecto de asistencia técnica titulado “Construyendo un Enfoque Integral del gobierno para combatir el trabajo infantil y trabajo forzoso en México”.

Para los próximos 3 años se espera una ampliación de 30 millones de dólares para el Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional, el cuál apoyará a organizaciones sindicales democráticas.

En el informe se hizo una relatoría del avance de la implementación de la reforma laboral en el País, y recordó que este año debe quedar puesta en marcha la tercera fase de la misma con el establecimiento de los Centros de Conciliación Locales y juzgados laborales en los estados donde existe una mayor conflictividad, como Ciudad de México.

Inicialmente, la tercera fase estaba contemplada para mayo de 2022, pero la Secretaría del Trabajo pidió una ampliación para octubre de este mismo año.

Una de las preocupaciones que se externaron en el informe es el ritmo de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que se calcula existen más de 500 mil en el País, pero destaca que pocos han pasado por el proceso de validación.

Añadió que hay preocupación por actos de intimidación y coerción por parte de empleadores y sindicatos durante las legitimaciones.

“El ritmo de legitimaciones aumentó durante el periodo del informe, pero hay preocupación de que un aumento en las solicitudes de legitimación justo antes al 1 de mayo de 2023, fecha en la que los contratos colectivos quedan sin efecto si aún no han sido legitimados, dificultaría la capacidad de las autoridades gubernamentales para llevar a cabo una supervisión efectiva de los votos”, advirtió el texto.