Las compañías, acechadas por las multas y la regulación, dudan sobre la viabilidad del negocio. Se plantean menos inversiones y algunas incluso dejan de operar en España.
Winner takes it all, el que gana se lo queda todo. El mundo de las empresas emergentes, o startups, y en especial el sector de las plataformas de reparto a domicilio, suele operar bajo esta premisa. Y en esta carrera los jugadores se están reposicionando. El 15 de abril, Stuart anunció que abandonará el mercado español y despedirá a unos 200 empleados. Dos días después, Just Eat anunció que empezaría a invertir menos en el sur de Europa. Y Delivery Hero, dueña de Glovo, reconoce que esta empresa puede no ser viable, como informó este diario. Detrás de todo ello está el cambio de contexto general, que impide crecer sin freno, aunque sea a pérdidas. Pero también está el efecto de la presión que la justicia y las inspecciones han ejercido sobre las empresas por su modelo laboral, y que desde hace dos años y medio también ejerce la ley rider. Las diferencias en cómo se han adaptado las empresas a esta regulación están detrás de su lucha por hacerse con todo el mercado.
Por las venas de empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart, Uber Eats o Just Eat, compañías que con sus mochilas de colores a lomos de ciclistas y motoristas han cambiado el paisaje de las ciudades españolas, corría hasta hace poco el dinero de los fondos de capital riesgo o el de sus grandes empresas matrices, que no pedían una rentabilidad inmediata sino una carrera agresiva para hacerse con la máxima cuota de mercado posible. Y esto lo conseguían de dos maneras: con bajos precios y con bajos costes. Ahora el contexto económico ha cambiado, los fondos se arriesgan menos y piden más rentabilidad, y las empresas tienen que demostrar que sus cuentas son sólidas. Con este nuevo entorno es más difícil luchar por el precio que se ofrece al consumidor, y a la vez las empresas tampoco pueden subir para siempre las comisiones que cobran a los restaurantes: estos tienen un límite, y no son pocos los que deciden prescindir del reparto a domicilio mediante estas plataformas porque las comisiones son demasiado altas.
Por el lado de los costes, estos han subido a causa de la regulación: por las sanciones que los tribunales y la Inspección de Trabajo han ido imponiendo a muchas de las compañías, y por el incremento de cargos que representa tener que cumplir la ley rider, que obliga a contratar a los repartidores que antes trabajaban como falsos autónomos. La primera de las plataformas que reaccionó a la nueva norma fue Deliveroo, que ya en 2021, antes de que entrara en vigor la ley, decidió dejar de operar en España por los altos costes que le suponía tener que aplicarla.
La propia Stuart admitía en su reciente comunicado que esta es también la razón por la que emprende su proceso de reestructuración. La empresa, fundada en 2015 entre París y Barcelona y que a finales del año pasado fue adquirida por el grupo alemán Mutares, argumenta que tomó esta decisión para “hacer frente al impacto de la inflación, el aumento de los costes operativos y la reciente aplicación de la ley rider en España, que han influido directamente en la capacidad de Stuart para generar un crecimiento rentable en el mercado español”.
La compañía detalló que este mercado supone menos del 1,4% de los ingresos del grupo, y que a partir de ahora se centrará en otros más rentables, aunque mantendrá en Barcelona un centro tecnológico. En febrero, un juzgado de Barcelona condenó a Stuart a abonar 237.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de las cuotas de 108 repartidores que trabajaban para la compañía de forma autónoma, aunque debían estar en plantilla.
También Just Eat ve muy difícil alcanzar la rentabilidad en el mercado español. Patrik Bergareche, vicepresidente ejecutivo de la región sur en Just Eat Takeaway.com, explica que “España continúa siendo un mercado clave para el grupo”, y que continuarán apostando el país, pero recuerda que en los mercados del sur de Europa “son menos maduros y el nivel de competencia es generalmente mayor, por lo que es más difícil generar escala”. En este sentido, el consejero delegado del grupo, Jitse Groen, explicó en abril que están invirtiendo menos en el sur de Europa.
En el caso de España, Bergareche suma el argumento de que existe un agravio comparativo: “Estos fuertes niveles de inversión [que acomete Just Eat] son insuficientes para compensar el injusto beneficio que algunos de nuestros competidores generan por operar con un modelo de falsos autónomos que les permite ahorrar en torno a un 40% en costes laborales”, señala. Just Eat explica que su modelo se adaptó a la ley rider, con la contratación de los repartidores, a menudo a través de empresas de trabajo temporal, mientras que otras empresas no lo han hecho. “Aprovechan el ahorro generado por no cumplirla para mejorar su visibilidad a través de campañas de marketing y publicidad, o cerrar acuerdos de colaboración en unas condiciones que son muy difíciles de contrarrestar”, señala Bergareche, quien confía en que el tiempo, los reguladores y la justicia pondrán a todos al mismo nivel: “Cuando baje la marea, se verá quién lleva traje de baño puesto, y quién no. La acumulación de multas que acumulan aquellos que no cumplen con la ley es de cientos de millones de euros”.
Agravio comparativo
A quien tienen en mente tanto Stuart como Just Eat es a Glovo, la empresa que lidera el sector en España y la que menos está cumpliendo con la regulación. Tras un reguero de multas y sanciones impuestas a la startup barcelonesa, la última reprimenda es el informe del Ministerio de Trabajo con cientos de casos de repartidores que siguen siendo falsos autónomos, que ha impulsado una investigación penal de la Fiscalía de Barcelona. La propia empresa matriz de Glovo, Delivery Hero, reconoce en su memoria anual que las multas, los pagos a la Seguridad Social y la contratación de los repartidores pueden representar unos costes de 450 millones de euros. “Existe
una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo para continuar como una empresa en funcionamiento”, señalaba el grupo alemán, que es propietaria de Glovo desde 2022.
¿Pese a las dificultades que dice atravesar, podría la empresa que menos cumple la ley quedarse con el trozo más grande del pastel? Eduard Álvarez, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, cree que todavía es pronto para decirlo. Recuerda que no todas las empresas son iguales. Y que Stuart se centraba más en el reparto de paquetería entre negocios, mientras que Just Eat, como explica el propio Bergareche, es “una marca de referencia en el panorama del reparto”, aunque su peso en sectores que no sean el de la restauración todavía es pequeño.
Mercado saturado
Álvarez destaca que no es fácil dar con los porcentajes de la cuota de mercado que tiene cada uno, pero cree que Glovo lo lidera con aproximadamente un 50%, Just Eat va por detrás con u 25% y Uber Eats tiene otro 20%. “Estos tres operadores se quedarán en el mercado. No se irán y es muy difícil que entre uno nuevo, porque el mercado empieza a estar bastante saturado”, explica el profesor, que cree que la consecuencia de este mercado más cerrado es que habrá efectos negativos no para el consumidor, sino para los pequeños restaurantes, a los que les subirán hasta donde puedan las comisiones.
La carrera para hacerse con el máximo trozo posible del pastel hace extraños compañeros de cama. Esta semana, desde los cuarteles generales de Uber en San Francisco (EE UU) se dio luz verde a inyectar unos 1.250 millones de dólares (unos 1.150 millones de euros al cambio actual) al grupo alemán Delivery Hero, que como dueño de Glovo compite en muchos mercados, también en el español, con el negocio de reparto a domicilio de la multinacional, Uber Eats.
Estos ingresos —la mayor parte, 950 millones de dólares, será mediante la compra por parte de Uber del negocio de Delivery Hero en Taiwán, mientras que el resto, unos 300 millones de dólares, vendrán de la adquisición de acciones del grupo alemán en una ampliación de capital— permitirán a Delivery Hero coger aire, después de registrar unas pérdidas el año pasado de 2.305 millones de euros. Glovo, de la que el grupo alemán tiene el 99% de la sociedad, preveía tener unas pérdidas de 209 millones de euros en 2023, una cantidad que puso como salvaguarda ante la Audiencia Nacional para aplazar el pago de algunas de las multas que ha recibido. En la carrera para quedarse con todo el mercado, hasta las grandes multinacionales que compiten entre ellas se ayudan para mantener su trozo del pastel.
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