El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gomez Urrutia, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas que originaron la explosión en Pasta de Conchos y adelantó que el organismo a su cargo volverá a presentar la demanda por homicidio industrial que interpuso desde hace 18 años contra Grupo México, de Germán Larrea, por suspender el rescate de los 65 mineros atrapados en la mina de carbón, localizada en Coahuila, cinco días después de la tragedia.

Se le deberán también fincar responsabilidades penales a Larrea, a los demás directivos de Grupo México y a los funcionarios del gobierno de Vicente Fox que avalaron esa decisión y suspendieron la búsqueda de los mineros, sin importar si aún seguían con vida.

¿Cómo ocurrió?

El 19 de febrero de 2006 entraron 65 trabajadores a la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. Alrededor de las 2 de la mañana hubo una explosión, atribuida por las autoridades a una supuesta acumulación de gas metano. El entonces presidente, Vicente Fox, no acudió al lugar. Grupo México, de Germán Larrea, se encargó del rescate, aunque el yacimiento siguió operando.

Para el 24 de febrero, la firma minera y el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, declararon muertos a los trabajadores y comenzó la operación para rescatar los cuerpos.

Meses después, el 24 de junio, se recuperó el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna, mientras los restos de José Manuel Peña Saucedo fueron rescatados hasta el 31 de diciembre.

Para abril del 2007, la firma suspendió el rescate, por supuesta contaminación del agua con VIH, hepatitis y tuberculosis. Javier Lozano, secretario del Trabajo de Felipe Calderón, impidió la recuperación de los mineros “para no arriesgar a los vivos para sacar muertos”.

En agosto del 2010, las familias fueron desalojadas de forma violenta de Pasta de Conchos, donde estaban a la espera de que los cuerpos fueran rescatados y tres años después la PGR abrió una investigación, que fue cerrada en 2015, pues argumentó no tener “facultades para investigar”.

El 19 de febrero de 2018 fue colocado el antimonumento Pasta de Conchos en avenida Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores y en noviembre del mismo año la mina fue cerrada definitivamente.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a realizar los trabajos de rescate de los cuerpos de los mineros a través de la CFE. Según un documento de Gobernación, se estimaba que en el primer trimestre de 2024 estarían concluidos los trabajos de recuperación, pero se dieron retrasos.

Entrevistado en torno al anuncio que hoy formuló el gobierno federal de que, tras cuatro años de búsqueda coordinada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encontraron los restos mortales de 13 de los mineros fallecidos en una de las galerías de la mina y “no se identificó que hubiese tenido lugar una explosión, como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes”, resaltó que ello confirma lo que siempre dijo.

“Que fue un acto de negligencia criminal abandonarlos al quinto día de la explosión y dejarlos morir ahí, enterrados, sin permitir que se les rescatara. Ahora sabemos que no fallecieron quemados, porque las fotos difundidas por la CFE muestran que cerca de los restos de nuestros compañeros había una botella de plástico, restos de tela y una bota.”

El senador de Morena señaló que desde el segundo día de la tragedia, el 21 de febrero de 2006, fuera de la mina de Pasta de Conchos, advirtió que se trataba de un homicidio industrial y mantuvo esa postura, a pesar de que ello motivó la ira de Larrea, que en ese momento contaba con el respaldo del gobierno de Fox y luego del de Felipe Calderón y él fue objeto, junto con su familia, de persecución política, lo que lo obligó a exiliarse del país por 12 años.

Comentó que los abogados del Sindicato Minero revisan esa denuncia y otras que interpusieron, a fin de volver a presentarlas ante la FGR, porque pese a que ya transcurrieron más de 18 años, el delito no caduca, ya que es de “lesa humanidad”, toda vez que, de forma premeditada, Grupo México abandonó a los 65 mineros y los condenó a morir y permanecer enterrados a cientos de metros de profundidad.

Reconoció el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador por rescatar los cuerpos de los mineros, pero el paso siguiente, dijo, es iniciar una investigación a fondo, porque la tragedia ocurrió debido a que laboraban bajo gran riesgo.

“No es suficiente recuperar los cuerpos y que no pase nada. Sería una invitación a la impunidad para Larrea y para todas las empresas”.

El dirigente minero indicó que la madrugada del 19 de julio de 2006 Grupo México obligó a trabajadores de empresas contratistas a realizar trabajos de soldadura dentro de la mina, donde había grandes concentraciones de gases, lo que era peligrosísimo. Sobrevino una explosión que provocó derrumbes en las galerías, donde quedaron atrapados los 65 trabajadores.

Se les pudo sacar, pero la empresa lo impidió, con la complicidad del secretario del Trabajo del gobierno de Fox, Francisco Salazar Sáenz, actualmente senador suplente del PAN”.

Agregó que ese “nefasto personaje, desde la Secretaría del Trabajo, evadía las revisiones sobre seguridad en Pasta de Conchos y cuando ocurrió la explosión, acudió a la mina más para hacer un control de daños y cuidar la imagen de Larrea que para impulsar el rescate de los mineros”.

Larrea, insistió, “no puede seguir impune. Se le debe castigar porque no le importó que sus trabajadores de Pasta de Conchos fallecieran sepultados dentro de la mina y durante décadas se opuso al rescate de los cuerpos, tan sólo para no enfrentar la responsabilidad de Grupo México en la tragedia. “Es criminal lo que hicieron, el dolor que provocaron en las esposas y los familiares de las víctimas”.

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