A las afueras de la sala número 600 del tribunal de justicia del condado del Bronx, a Elías Hilario se le nota cansado de esperar. La audiencia estaba programada para primera hora de la mañana, pero ya son casi las tres de la tarde y parece que la justicia nunca fuese a aparecer.
Cuando al final ordenan entrar, el juez, con semblante sereno, espera bajo un cartel que dice “In God we trust” (En Dios confiamos). El primer banco de la izquierda lo ocupa, esposado, Yeramil Álvarez, un joven de 24 años, de raíces puertorriqueñas que hace cuatro arrancó su sedán Black Génesis 2020 y arrolló a un repartidor de comida en el Bronx. Este 13 de marzo lo acompañan su abogado y tres personas más. La hilera de banquillos de la derecha está repleta de los que acompañan a Elías Hilario: empleados de Doordash, Uber o Relay, activistas, amigos, familiares. Todos esperan la palabra final del juez desde que, hace cuatro años, perdiera la vida Victorio Hilario, hermano de Elías, mexicano, repartidor de comida de 37 años, uno de los miles a los que, en plena pandemia de coronavirus, los políticos y los gobiernos nombraron trabajadores esenciales, pero que a la larga poco les importan.
Elías Hilario, que no habla inglés, toma la palabra con la ayuda de un intérprete que facilitará la comunicación entre él y el juez, que no habla español. Ha esperado este momento desde que llamó a su hermano para cenar unos tacos dorados que nunca llegaron a comer. Desde que el culpable se dio a la fuga. Desde que, dos años después, la policía le informase de que el presunto culpable estaba detenido. Desde que este pagó la fianza y quedo en libertad. Y desde que muchos otros repartidores de comida en la ciudad de Nueva York murieran llevando cientos de encargos de McDonald’s, Domino’s o Papa John’s, y no se hiciera justicia por sus vidas.
La vida y muerte de Victorio Hilario ponen de manifiesto el entramado de vulnerabilidades de muchos migrantes que dejan sus países y se convierten en repartidores de comida en Nueva York, donde unas 65.000 personas se exponen al peligro de las calles o a la desprotección laboral por parte de las grandes corporaciones. En una ocasión, Doordash —el gigante de pedidos a domicilio que tiene 37 millones de usuarios, más de un millón de repartidores, reportó ingresos de 8.630 millones de dólares (casi 8.000 millones de euros) en 2023, y es la compañía que lidera el mercado en Nueva York—, bloqueó a Victorio Hilario en su aplicación. Cuando llegó a la casa de una señora a entregar una orden de comida y ella le pidió que subiera, no pudo abrir la puerta de entrada. “Allí esperó y esperó y la señora bajó con mucho coraje y le empezó a insultar”, cuenta su hermano.
En la mañana del día del accidente, Elías le pidió a su hermano que le buscara tres sodas, tres paquetes de tortillas, queso, crema y lechuga. En la cena se comerían unos tacos dorados. Sobre las siete de la tarde sonó la aplicación de Doordash. Victorio fue al baño y salió en su bicicleta hasta McDonald’s, tan rápido que a Elías no le dio tiempo a despedirse, pero, cerca de las ocho, este lo llamó para cenar juntos. “Entraba la llamada y no me contestaba, me puse triste de que no iba a regresar, pensé que estaba trabajando”. Sobre las 10, dos personas de traje y corbata tocaron el timbre del apartamento. Le comunicaron que su hermano estaba herido de gravedad en el Hospital St. Barnabas. Murió a los tres días. Su madre Zenaida Guzmán Barragán, de 78 años, dice desde México: “Recuerdo a mi hijo como un héroe, que anduvo repartiendo la comida para las personas que no podían salir a comprar su comida durante el tiempo de la pandemia”.
Victorio Hilario es uno de tantos repartidores de comida fallecidos en los últimos años en Nueva York. El grupo de repartidores El Diario de los Delivery Boys en la Gran Manzana ha registrado más de 40 casos de muertes accidentales desde finales de 2020. Ligia Guallpa, directora del proyecto Justicia Laboral, organización que lleva más de una década trabajando por los derechos laborales de los migrantes en Nueva York, asegura que muchos de estos accidentes laborales se deben a que “el trabajador siente que tiene que estar trabajando 12 horas al día y correr lo más rápido posible para hacer la próxima entrega, porque al final del día su salario depende de las propinas”.
Tras muchas demandas, la ciudad de Nueva York aprobó un paquete legislativo que reconoce el salario mínimo para los repartidores y obliga a las grandes empresas a pagar 17,96 dólares por hora, cuando antes pagaban solo siete. Dicha ley pretende que el trabajo de los riders “sea más seguro”. No obstante, una norma que supone un beneficio para algunos repartidores se ha vuelto una pesadilla para otros, además de provocar una guerra de poderes. Próspero Martínez, un repartidor mexicano que trabaja para Doordash y Uber Eats, considera que la ley no solo es “una injusticia”, sino que “se vuelve punitiva”. Ahora las empresas exigen identificación a los riders, en su mayoría migrantes indocumentados provenientes de América Latina, según un informe de Worker’s Justice Project y Cornell ILR’s Worker Institute.
Sin propinas
También les ofrecen menos horas de trabajo, son más selectivos, y han eliminado la propina para los repartidores. Compañías como Doordash y Uber se han manifestado contra la ley de salario mínimo, y aseguran que los trabajadores serán los más afectados. “La ciudad sigue mintiendo a los trabajadores y al público”, dijo Josh Gold, portavoz de Uber, en un comunicado a The New York Times. “Esta ley dejará a miles de neoyorquinos sin trabajo y obligará a los mensajeros restantes a competir entre sí para entregar los pedidos más rápido”.
En la sala número 600, el juez agradece a los repartidores “haber servido a la comunidad durante la pandemia”. Luego dicta la sentencia de entre uno y tres años de privación de libertad para Álvarez, además de la prohibición de conducir en Nueva York durante un año después de cumplir condena. El magistrado sabe que a la familia Hilario le parece poca la sentencia. Incluso lo reconoce. “No pienso que el castigo que voy a dar al señor Álvarez vaya a reparar la pérdida”, dice a los presentes en la sala. “El sistema criminal de justicia de Nueva York no tiene la posibilidad de hacer eso”. El último día en el hospital del Bronx, cuando a Victorio Hilario le diagnosticaron muerte cerebral, sus hermanos hicieron una videollamada para que sus padres pudieran despedirse desde México. El padre le pidió perdón. “No pude darte lo que necesitabas porque somos pobres”, le dijo Félix Hilario Cruz, de 82 años. “Si hubiese tenido lo que necesitabas no te hubieras ido”.
Foto: Impacto Latino
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