El presidente se ha propuesto llevar a cabo una ambiciosa reforma judicial. Su iniciativa de reforma constitucional busca, por un lado, destituir a todos los jueces para elegir a los nuevos a través de las urnas y, por el otro, reconfigurar la organización interna de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Todos sabemos que la propuesta del presidente no es una reforma que mejorará la impartición de justicia; su objetivo es político: se trata de debilitar la autonomía de la Corte y del Poder Judicial, y de restablecer los hilos del control político autoritario del Ejecutivo hacia los tribunales federales. Por desgracia, todo indica que
esta propuesta, aunque no tenga las mayorías legislativas que requiere su aprobación, será el punto de partida para discutir lo que parece ser la siguiente e inevitable reforma judicial.
El tema y la narrativa los puso el presidente: la reforma judicial se centrará en la corrupción en el sistema de justicia mexicano. Ésa es la excusa que da el presidente para destituir a todos los jueces federales del país. López Obrador sostiene que la corrupción judicial es tan grave que hay que dinamitar y hacer volar en mil pedazos el sistema de justicia mexicano. Es absurdo y temerario. Sin embargo, lo que no es absurdo, y el presidente lo sabe, es hacer de la corrupción judicial el detonante y el motivo de su reforma. ¿Cuántas personas harán eco con ello?
La manipulación del sistema de justicia fue una pieza clave del régimen autoritario. De hecho, fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad de nuestro pasado autoritario. Las procuradurías y los tribunales funcionaron para dar certeza a la élite de que ninguno de sus miembros, salvo que el presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades jurídicas por sus actos, sin importar la gravedad de éstos. De este modo, la corrupción estaba blindada: el pacto político implícito era que no habría consecuencias para nadie, salvo para los detractores del poder. Al manipular el sistema de justicia y el uso selectivo del castigo, el Ejecutivo marcó la verticalidad del poder.
Muchas cosas han cambiado desde entonces en el sistema de justicia mexicano. Sin embargo, nunca desapareció por completo esa vieja cultura autoritaria de conceder tratos excepcionales y soluciones judiciales ad hoc a un grupo muy selecto de personas. Tampoco desaparecieron los vasos comunicantes entre el poder político y el sistema de justicia. El uso selectivo del castigo y la administración de la impunidad como instrumentos para gobernar y concentrar el poder y la riqueza son atributos de nuestro régimen político que la democracia no logró convertir por completo.
Los casos en las fiscalías o en los tribunales que se resuelven a través del dinero o la manipulación política son un porcentaje muy pequeño comparado con la carga total de trabajo de esas instituciones. Sin embargo, sus efectos negativos son inconmensurables. Los privilegios de algunos ricos y la manipulación del sistema de justicia por los poderosos los pagamos todos con creces. La debilidad de nuestro sistema de justicia está directamente asociada a eso.
La compra y venta de impunidad es un mercado que existe en todas las fiscalías y, en el caso de los tribunales, es mucho más frecuente en el ámbito local que en el federal. El acceso a este mercado depende sobre todo del dinero. En cambio, la manipulación de la ley desde el poder la han concentrado las cúpulas políticas, en particular, el presidente y los gobernadores en turno. El efecto concreto de ambos tipos de manipulación de la ley es el mismo: imponerse en el conflicto sin tener la razón jurídica. Las características de las personas —dinero, poder, influencia— predominan sobre el trato impersonal de la ley.
¿Cómo se corrompe o manipula a los jueces? Dado que es una conducta ilícita, siempre sucede en lo oscurito. Las juezas y los jueces pocas veces hablan de ello. Quienes litigan tampoco lo hacen de manera abierta. Por ello, es particularmente útil y llamativa la denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar que recién se filtró a la prensa.
La denuncia contra Zaldívar muestra con exactitud de lo que el presidente está hablando: la corrupción en la justicia federal. También señala intentos de manipulación de la justicia en casos políticamente relevantes. Pero lo hace de manera mucho más precisa e inteligente que la iniciativa de reforma constitucional del presidente, pues describe cuáles son los instrumentos de presión específicos utilizados para manipular las decisiones de las juezas y los jueces. Lo que dicen no es una sorpresa, pero es la primera vez que se atreven a decirlo las juzgadoras y los juzgadores federales: quien controla los premios y castigos de la carrera judicial puede incidir y manipular las decisiones de los jueces. El tablero del control tiene que ver con cambio de adscripciones favorables y desfavorables, ratificaciones, procedimientos administrativos, suspensiones, viajes, promociones, etcétera.
Me gustaría enfatizar que yo no afirmo que los hechos de la denuncia sean ciertos. Para eso existe una investigación. Lo que digo es que la denuncia debe ser un insumo clave de la reforma judicial: muestra el tablero del control de la conducta de los jueces. Ese tablero se centra en dos puntos nodales: la carrera judicial y el régimen disciplinario.
Los consejos de la judicatura, los locales y el federal, se encargan de la administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial; tienen, entre sus atribuciones, la designación, la adscripción, la ratificación y la remoción de jueces y magistrados. Es decir: de las decisiones de los consejeros y las consejeras de la judicatura depende el futuro profesional de las juzgadoras y los juzgadores del país.
En el ámbito local, además, el poder del presidente del tribunal está bien concentrado. Hasta ahora, él controla a los miembros del consejo que provienen de carrera judicial. Al ser mayoría (4 de 7), el presidente del tribunal tiene el poder de facto para interferir, si lo desea, en las decisiones de jueces y magistrados. En realidad, sólo él administra los premios y castigos de las juezas y los jueces locales a su conveniencia. Varios abogados me han comentado que, en Ciudad de México, de forma relevante, pero también en otras entidades del país, a través de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, se administra una red de corrupción e influyentismo en asuntos destacados que involucran a la élite política y económica.
La iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente, además de la elección de jueces, también propone reconfgurar el Consejo de la Judicatura Federal, independizar su presidencia de la Suprema Corte y confgurar dos órganos nuevos: uno administrativo y otro de disciplina. Del diseño y atribuciones de esos dos órganos dependerán los grados de independencia y autonomía de las juzgadoras y los juzgadores federales.
Es importante mirar con lupa lo que se propone. La corrupción judicial y la manipulación política de las decisiones de los jueces sucede de arriba abajo. Si queremos blindar a los jueces y reducir sus grados de vulnerabilidad a la injerencia externa, hay que generar buenos procesos de monitoreo y control de las decisiones administrativas que afectan su carrera. Que no se nos olvide que en tales decisiones se anida y se esconde la corrupción y la manipulación judicial.
En suma: la denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar es un documento muy signifcativo para el futuro debate sobre la inevitable reforma judicial. En esa denuncia decenas de juzgadores federales parecen estar dispuestos a testifcar sobre distintas presiones e injerencias en lo que decidían por parte del expresidente de la Suprema Corte. No sabemos si esos dichos sean ciertos y menos si se logren demostrar jurídicamente.
Sin embargo, más allá de Zaldívar, lo realmente importante para efectos de la reforma judicial es que ese documento expresa el punto de vista de decenas de jueces y magistrados federales sobre cuáles son los instrumentos de control y presión política con los que los pueden presionar. Por primera vez, en esa denuncia anónima, las juzgadoras y los juzgadores federales revelan los premios y castigos con los que las cabezas del Consejo de la Judicatura pueden buscar interferir y manipular sus
decisiones. Eso es un insumo invaluable para lo que parece va a ser un inevitable debate legislativo en materia de corrupción judicial, con el que nuestra clase política va a definir el futuro de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación.
Autor: Ana Laura Magaloni
Ilustración: Victor Solís
Agregar a favoritos 