Por: Juan Manuel Cruz Palacios
Abogado. Director de Relaciones Laborales, Prevención y Sostenibilidad Infraestructuras ACCIONA

Fuente: Capital Humano, Nº 370, Sección Relaciones laborales y prevención / Artículos, Diciembre 2021, Wolters Kluwer

El tercer decenio del siglo XXI vendrá marcado, sin duda, por el inesperado impacto de la pandemia del COVID-19, pero la traza marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya están modificando en positivo los comportamientos sociales en materia medioambiental, evolucionarán indudablemente al elemento social de los mismos, definido por la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Las políticas sociales y económico laborales adquirirán una mayor relevancia en los próximos años.

La aprobación de 2015 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible pretendía abrir un nuevo escenario para que los países y las sociedades -especialmente las más avanzadas- abrieran una nueva vía para avanzar en la mejora de los estándares de vida de todos los países con un foco en los individuos – no en vano los cinco primeros principios (pobreza, hambre, salud y bienestar, educación e igualdad) están plenamente orientados a la mejora de las condiciones vitales-.

Sin embargo, no cabe duda de que, el verdadero foco en estos primeros seis años de vigencia se ha centrado en los aspectos medioambientales: sin duda más «maduros» en la conciencia de las sociedades más avanzadas y que, además, más impacto están teniendo en las economías.

A este foco no ha sido ajeno el impacto y el compromiso, no sólo de los países sino especialmente de las empresas con las COP’s –Climate Change Conferences– que han movilizado de forma coordinada a los países más avanzados -con escasas excepciones- y sobre todo a los grandes actores económicos que, de forma evidente y muy mayoritaria, han adelantado a los principales gobiernos en la lucha por la descarbonización de las economías.

En este escenario, y con los objetivos acerca del clima fijados en la COP de París en mente de todos, aparece la pandemia que ha tenido sin duda dos efectos:

En primer lugar, certificar que la descarbonización (eso sí, forzada) es la única vía para contener el crecimiento de la temperatura.

Pero muy por encima de ello, acreditar que el principal problema del planeta es la desigualdad económica y el desequilibrio acentuado como consecuencia de la pandemia, también en países como el nuestro, donde se ha incrementado notablemente hasta superar la cifra de 12 millones de personas en riesgo de pobreza, de las cuales, al menos 4,5 millones ya vivían en pobreza severa antes del Covid-19, según el informe AROPE publicado en Octubre 2021.

Así creemos que, traer al frente los ODS 1. (Fin de la pobreza) 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducción de las desigualdades) tiene, en este escenario de salida de la pandemia, un papel clave que se integra plenamente en las políticas económicas claramente expansivas que todos los países han adaptado como estrategia global para salir de la crisis provocada por la pandemia, frente a las políticas fiscales y monetarias restrictivas que se impusieron en la crisis financiera del quinquenio 2008-2013.

En este escenario, la regulación de los Salarios Mínimos y el concepto mucho más avanzado de Salario de Vida o Salario Digno que se está desarrollando en los foros económicos más avanzados tendrá un rol relevante en los debates políticos y económicos a corto plazo.

Las empresas más avanzadas, llevan años ya acuñando un término que va más allá de la responsabilidad social: El concepto del Empresas (y Sociedades) «con propósito» se ha impuesto y hoy es ya mucho más que un discurso más o menos de marketing. Nadie en esto momentos es ajeno al cumplimiento de los criterios ESG (Económicos, Sociales y de Gobernanza) que hoy ya son elementos indudables de valoración incluso para acceder a los más avanzados mercados de financiación. Ningún gran inversor o entidad financiera global, hoy, desdeña los criterios ESG a la hora de definir sus carteras y claramente, a partir de la crisis, la «S» está tomando un papel cada vez más relevante en el trio de conceptos.

CAMBIO DE TENDENCIA

Pero no perdamos el foco: ¿Qué papel juega el concepto de Salario Mínimo en este escenario? Parece evidente que va mucho más allá del debate local sobre si la subida es positiva o negativa para el empleo o la economía y el crecimiento de un país en un momento determinado: No cabe duda que tiene un impacto sobre los costes laborales y por ende en la competitividad, cuando el factor laboral es muy relevante, como es el caso de la economía española centrada en los servicios y también sobre otros factores macroeconómicos como pueden ser la tensión inflacionista o el coste inducido sobre las pensiones y otros pasivos sociales.

Sin embargo, en estos últimos años han concurrido tres elementos muy relevantes que han modificado este debate:

• — En primer lugar, la decisión de la OCDE de establecer como objetivo de lucha contra la desigualdad y como reto de economías estables, que el Salario Mínimo se oriente al 60% del salario medio como referencia. Este debate siempre genera controversia especialmente en aquellos países con economías y mercados de trabajo más avanzados (el permanente ejemplo de Noruega o Austria son relevantes) pero también es cierto que es un reto asumido por otros gobiernos (como ha sido el caso de España) como herramienta de lucha contra la desigualdad.
• — En segundo lugar, el indudable impacto positivo que sobre el mercado de trabajo y la economía ha tenido la disponibilidad de recursos financieros como consecuencia de las políticas expansivas post-pandemia (si es que podemos decir con confianza que estamos ya en la «post») o al menos como medidas para impulsar la recuperación económica. Estos recursos cuasi ilimitados, han regado el mercado laboral favoreciendo una mejora evidente de las condiciones salariales.
• — Y finalmente, aunque no sea más que un respaldo más nominal que real, el reconocimiento de los premios Nobel de Economía a David Card y Alan Krueger que ya en 1994 y en un estudio ciertamente limitado, fueron capaces de acreditar de manera empírica, que el crecimiento del Salario Mínimo no afectaba al volumen de empleo en una zona determinada. El «paper» publicado en https://davidcard.berkley.edu/papers/njmin-aer.pdf explica claramente los resultados de la citada investigación.

En España este debate ha sido notable en los últimos años: El incremento del SMI del gobierno de coalición de izquierdas en España, tanto en 2019 pasando de los 735 a los 900 euros y que marcó un claro punto de inflexión en las políticas sociales y a los 950 en 2020, supuso un cambio en la tendencia histórica de subidas más o menos vinculadas a la evolución de los precios al consumo.

El impacto de la pandemia hace casi imposible determinar el impacto real sobre el empleo, pero si parece cierto que no ha alterado sustancialmente la recuperación del mercado de trabajo a lo largo del 2021 y también parece evidente que la negativa de la patronal a firmar el limitado incremento aplicado este año hasta los 969 con el objetivo de alcanzar la cifra de 1.000 euros en 2022 ha tenido un componente más de posición de negociación que de verdadero riesgo de impacto económico.

Cierto es que en determinados sectores muy sensibles como Agricultura y servicios personales el impacto es real, pero también es cierto que en un mercado laboral como el español, donde tasas de desempleo alrededor del 14 % con crecimientos consistentes del PIB superiores al 3% generan tensiones en el mercado por falta de profesionales, incluso con cualificaciones básicas, es previsible que los salarios crezcan efectivamente por encima de ese nominal de incremento.

Es pronto para determinar la evolución de los costes salariales en 2022, donde además será preciso tener clara la foto de la reforma salarial en proceso de negociación en esto momentos, pero no cabe duda de que, acercar el salario mínimo a ese 60% de referencia sobre el salario medio que propugna la OCDE será un avance social positivo en la lucha por la desigualdad y los ODS.

Para concluir, no podemos evitar hacer mención al concepto, ya avanzado, de Salario de Vida o Salario Digno que está marcando claramente las agendas en los países en vías de desarrollo y en las grandes empresas que desarrollan sus actividades en estas economías.

Es cierto que la definición está aún en debate, pero quizá por su profundidad y calidad es recomendable el informe de Global Compact de Naciones Unidas «Improving wages to advance decent work in supply chains» donde claramente se apuesta por evitar el concepto de pobreza laboral que en muchos países (y desafortunadamente como hemos visto antes en el informe de AROPE, una realidad en nuestro país) esta marcando a toda una nueva clase social.

Veremos los próximos pasos, pero debates ya muy consolidados como el visto en materia de impacto medioambiental se verán superados, a corto plazo por el impacto de las economías en los países en vías de desarrollo y en nuevas políticas para luchar a favor del desarrollo social sostenible.

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