En México se ha ido perfilando la existencia de una clase trabajadora de la violencia: un estrato social integrado por una mayoría de hombres jóvenes con diferentes grados de entrenamiento militar que lo mismo son reclutados por las fuerzas públicas, que por organizaciones criminales o empresas de seguridad privada, y que incluso transitan entre estos sectores. Pero hay un dato adicional cuya importancia no debemos escatimar: cada vez son más frecuentes las expresiones públicas de hartazgo por parte de los integrantes de esta clase y, sobre todo, las señales de que el conflicto con sus patrones se está agudizando.
En un video que circuló recientemente en Sonora se muestra a un joven pistolero siendo interrogado frente a la cámara con el objetivo de disuadir a otros jóvenes de unirse al grupo de Los Pelones, que actualmente controla la región de Caborca y Sonoyta. Dice: “No vengan para acá. Nos usan como carne de cañón a todos los que venimos de fuera. Si tienen chanza de arrendarse,
aprovechen la oportunidad. Nomás los van a usar para que se mueran, es lo único que están haciendo, para presentar jale
ellos y cobrar. Y los verdaderos que deben venir a pelear, los que se están aventando el tiro según, ahí están en la casa
rascándose la panza y agarrando el cheque”.
Primer elemento significativo en este testimonio es que expresa cierta conciencia de formar parte de un grupo cuyo trabajo es explotado por los protagonistas ausentes de un conflicto. Su labor consiste en nada menos que en arriesgar la vida, pero también en asumir los costos de transgredir la ley: ir a la cárcel y pagar las condenas. En otra entrevista reciente, un integrante anónimo de otro grupo de sicarios se queja de que sus jefes “los ponen”, es decir, los entregan a la justicia cuando hay presión por parte del gobierno. Este punto es crucial porque tiene un claro paralelo dentro de las Fuerzas Armadas. Tal como lo han descrito Daniela Rea y Pablo Ferri en su libro La tropa, hay entre los rangos bajos del Ejército un creciente resentimiento por tener que asumir los castigos en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Otra pista importante en esta declaración reside en el hecho de que el joven se identifique como una persona “que viene de fuera” y que se dirija a otras personas en una situación similar. No queda claro si se refiere a personas que vienen de otros estados de México o a migrantes de otros países. En todo caso, es un nuevo indicio de un tema que hace tiempo he
señalado: para entender tanto los métodos de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales como los factores de ingreso al sicariato es fundamental tomar en cuenta el desplazamiento forzado y la migración. Urgen estudios demográficos rigurosos sobre este tema, pero aprovecho para plantear una hipótesis a partir de mi trabajo etnográfico: en años recientes se han intensificado tanto el nivel de coerción en el reclutamiento como la tendencia a enlistar personas que no son
originarias del lugar en el que operan.
Finalmente, es notable que este pistolero utilice expresiones propias de las burocracias gubernamentales. Por ejemplo, la idea de que los jefes directos tienen que mostrar los resultados de su trabajo (“presentar jale”) para poder cobrar nada menos que “un cheque”, la modalidad de cobro característica de los salarios institucionales. Es un indicio importante porque habla de un creciente mimetismo entre los diferentes cuerpos armados, legales e ilegales y, sobre todo, de un sometimiento de la
violencia delictiva a prácticas y modelos apoyados en la racionalidad burocrática.
Pensar en términos de una clase social dedicada a la violencia —más allá de las fronteras convencionales entre el Estado y el “crimen organizado”— permite dimensionar el alcance de los cambios históricos que ha traído consigo “la guerra contra las drogas” y esto que sólo alcanzamos a nombrar como “la violencia”.
Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en Antropología en la Universidad de Columbia.
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