El Gobierno federal trabaja en una reforma para regular la situación laboral de casi 500 mil repartidores a través de plataformas.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, adelantó que se elabora un proyecto para presentarlo en el próximo periodo de sesiones, que permita la flexibilidad de este tipo de empleo de manera formal.
“Tenemos medio millón de trabajadores que no son reconocidos como tal y consideramos que es importante una forma que permita tener un marco jurídico para regular esta actividad, sin ponerla en riesgo, pero que los reconozcan como tales, no como socios conductores o socios repartidores, sino como trabajadores con características especiales.
“Ya hemos estado hablando con las empresas, incluso asociaciones de trabajadores de esta industria y hemos avanzado”, comentó la funcionaria.
Ha habido reuniones con los directivos de las principales plataformas, como Uber, Rappi y DiDi, además de colectivos de trabajadores para llegar a acuerdos, añadió.
“Creemos que es muy importante que haya un marco regulatorio para este sector con la flexibilidad debida, porque tampoco es meterlos a la caja de fuerza de una relación laboral tradicional.
“Debe haber un apartado en la Ley Federal del Trabajo que regule la actividad de plataformas, sobre todo su incorporación a la seguridad social y con esta nueva realidad”, subrayó.
Un estudio de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad reveló que las personas repartidoras tienen una utilidad de 2 mil 85 pesos por semana en promedio.
Las personas que desarrollan esta actividad carecen de servicios de salud y deben pagar su propio seguro de gastos médicos, seguro del vehículo que utilicen, ya sea automóvil o motocicleta, así como los impuestos.
El estudio advirtió que, aunque tienen la libertad de conectarse el tiempo que quieran, sin no se mantienen en línea entre 6 a 8 horas diarias no reciben pedidos.
“La promesa de las empresas de ser tu propio jefe o jefa esconde una precariedad alarmante, ya que no hay un reconocimiento como empleados o empleadas pese a que cumplen con lo que la ley define como trabajo subordinado”, concluye el estudio.
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