El impacto de los avances tecnológicos en el ámbito laboral es cada vez más evidente. La aceleración generada por la pandemia de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) ha revelado la urgente necesidad de transformar los procesos internos de las empresas hacia el entorno digital.
Términos como digitalización o transformación digital son frecuentemente mencionados en diversas esferas, lo cual sugiere que son indispensables para asegurar el crecimiento de la productividad organizacional. Por ende, su implementación se convierte en una prioridad.
Es una realidad que las empresas desean avanzar hacia la digitalización y utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de sus procesos, incluyendo áreas como el capital humano, los recursos humanos y el cumplimiento laboral. La idea de utilizar firmas digitales en los procesos resulta muy atractiva. No obstante, en México existe una fuerte y arraigada resistencia hacia su implementación, motivada principalmente por la deficiente administración de justicia que prevaleció durante años en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), las cuales son parte del pasado en la actualidad.
Con el nuevo modelo de justicia laboral en nuestro país, derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 1 de mayo de 2019, se presenta una gran oportunidad para implementar herramientas tecnológicas y digitales en los procesos de recursos humanos de las empresas.
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