Las reformas laborales de los últimos diez años, que iniciaron con un profundo cambio
constitucional al artículo 123 en el año 2017, respondiendo a presiones internacionales, eran indispensables por múltiples razones de índole jurídica política y social. Ante el entorno nacional y geopolítico se propone un análisis de los frutos que han dado dichas reformas y el rumbo que pueden tomar.
En los últimos siete años, México ha vivido un tsunami laboral, cuyos síntomas han sido en esencia dos: el primero los notables (e insuficientes) incrementos al salario mínimo que se ha visto acompañado de abundantes reformas legislativas en materia del trabajo.
En paralelo, la reforma al Poder Judicial ya aprobada y en proceso de implementación, supone un retroceso para un naciente y vulnerable sistema de justicia laboral, que no logró abstraerse de este cambio sustancial. Finalmente, el escenario geopolítico para América del Norte pone en riesgo las inversiones que México ha logrado traer en 30 años sobre la base de salarios bajos y un sindicalismo blanco que empieza a desdibujarse a golpes de actos democráticos más o menos eficaces.
Es posible que estos síntomas le resten vigor a la agenda laboral, sin embargo, el gobierno mexicano que entró en funciones el uno de octubre, cuenta con una mayoría abultada para hacer reformas constitucionales y legales que le generen buenos réditos sociales, políticos y finalmente, electorales, con un bajo coste económico. Una muestra de ello marcó el rumbo nada más iniciar el sexenio con la presentación de la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales que, siguiendo una tendencia mundial, otorgó derechos a más de medio millón de colaboradores.
Es también de justicia señalar que, tanto la administradora anterior como la actual, han sabido capitalizar los años de hipoteca social con la clase trabajadora, generados por un sector empresarial que perdió la brújula en algunos aspectos como la pobreza laboral y el control sindical, ni duda cabe decir que es momento de pagar esa factura.
Sin embargo, este “huracán laboral” no ha sido suficiente para mejorar de forma sustancial las condiciones de la clase trabajadora mexicana: el salario mínimo entre México y Estados Unidos es hoy 600% diferente, la desaparición del outsourcing incrementó sólo marginalmente el salario de los trabajadores y la tasa de afiliación sindical tampoco ha sufrido ningún incremento notable. Es decir que, aunque los ajustes son plausibles, aún son insuficientes para remediar las desigualdades laborales que se generaron por décadas, en particular desde la entrada de México al Tratado de Libre Comercio (hoy T-MEC) con Canadá y EE.UU.
Pero el análisis tampoco puede pasar por alto que el mismo gobierno es también empleador y todas las reformas laborales han dejado prácticamente intocado el régimen laboral burocrático. El Estado debe recuperar su calidad moral como empleador y ampliar los ajustes legislativos al derecho laboral burocrático, se trata de una asignatura pendiente.
Un fruto inquietante de estos innegables cambios laborales es la baja incidencia que han tenido no sólo en la afiliación sindical sino también en la pobreza e informalidad laborales.
Al parecer las reformas laborales tanto del Congreso como de la presidenta serán las constantes de los cambios sociales más rápidos y políticamente eficaces en la agenda del gobierno entrante. De dichas reformas destacan, además de las relativa a plataformas digitales y la denominada coloquialmente
“Ley Silla” (ya en vigor), la que duplicará el aguinaldo de 15 a 30 días y la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales. Estas reformas siempre seductoras para el gobierno, ya que ganan natural simpatía con una porción importante del electorado (la
Población Económicamente
Activa es de casi 60 millones de personas) tienen el atractivo de no generar costo para el erario ni la clase política sino sólo para los empleadores, ello es especialmente sabido por el Congreso cuya mayoría la detenta el mismo partido que la presidenta y que en los primeros 25 días de gobierno presentó catorce iniciativas laborales.
El incremento sostenido del salario mínimo, otra de las banderas enarboladas por la presidenta desde la campaña, seguirá siendo claramente una de las políticas “estrella” en materia laboral; en continuidad con los incrementos notables que, desde finales del sexenio de Enrique Peña han venido ocurriendo.
Aunque el sector empresarial se ha dolido de los incrementos es verdad que el salario mínimo aún tiene cancha para subir ya que los 248 pesos diarios del
2024 tienen el mismo poder adquisitivo de 1971.
Ahora bien, si medimos el salario mínimo en función del número de canastas alimentarias y no alimentarias, tenemos que también existe espacio para su incremento:
para adquirir tres canastas alimentarias y no alimentarias (lo mínimo para una familia de tres personas) el salario mínimo debiera superar ligeramente los 13 mil pesos mensuales y no los 8 mil pesos en que se encuentra.
Reformas laborales e incrementos al salario mínimo de dos dígitos, serán la ruta y el rumbo en la agenda laboral del gobierno mexicano hoy la duda es el ritmo que tendrán dichos cambios. Los empresarios deben hacerse escuchar con posturas propositivas e inteligentes, de no hacerlo puede entonces reducir ganancias, incrementar costos, reducir personal o mezclar las tres alternativas, todas con efectos correlacionados.
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