La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) seguirá consumiendo recursos públicos al menos hasta 2030 para resolver juicios laborales rezagados, pese a que dejó de recibir nuevos asuntos en 2022, con la entrada en operación del nuevo modelo de justicia laboral.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, a la Junta se le asignaron más de 874 millones de pesos, aunque su labor se concentra en resolver expedientes acumulados durante años.
Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la JFCA registra un avance de 65.9 por ciento en la resolución de los juicios rezagados, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno.
Al arrancar el nuevo modelo de justicia laboral, la Junta tenía 543 mil 511 asuntos pendientes. Sin embargo, todavía tramita casos iniciados en 2012 y años anteriores.
En octubre de 2025, mantenía 8 mil 58 expedientes en trámite correspondientes a ese periodo, en etapas de instrucción y dictamen.
“El rezago histórico de expedientes constituye uno de los principales desafíos para la JFCA, toda vez que ha incidido de manera negativa en la percepción social respecto a la garantía de una justicia laboral pronta, completa e imparcial”, advirtió la institución en su Plan de Trabajo 2025-2030.
Jorge Sales, abogado laboral, explicó que alrededor de seis de cada 10 asuntos están en etapa de instrucción o dictamen, por lo que aún está pendiente la emisión del laudo.
Además, las resoluciones pueden ser impugnadas, lo que prolonga los procesos e impide cerrar definitivamente los expedientes.
El especialista señaló que el rezago se concentra en tres juntas federales: Ciudad de México, Veracruz y Villahermosa, Tabasco.
Diego García Saucedo, también abogado laboral, coincidió en que los amparos contra las resoluciones de la Junta prolongan los procedimientos, pues los expedientes pasan al Poder Judicial de la Federación.
“Ese procedimiento se tarda un año o más en resolverse y si se determina que el laudo de origen debe modificarse, regresa el expediente a las juntas federales y éstas tienen que volver a hacer su gestión, de emitir un nuevo laudo, de notificarlo a las partes, iniciar el proceso de ejecución, etcétera”, afirmó.
La reforma laboral sustituyó el sistema de juntas de conciliación por centros de conciliación y tribunales laborales, pero los asuntos iniciados bajo el modelo anterior deben concluirse conforme a los procedimientos correspondientes.
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