Víctor Borreguero
La Justicia acepta pruebas digitales presentadas por las empresas que demuestran que los empleados simulan trabajar en remoto
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
Los anteriores son solo ejemplos de simulación laboral en un entorno que conduce a los tribunales, de forma creciente, a admitir una tipología probatoria novedosa: la digital, no prevista por leyes procesales anteriores a la eclosión de las nuevas tecnologías.
El éxito del teletrabajo es innegable. El Instituto Nacional de Estadística cifra en más de tres millones las personas sujetas a esta modalidad (en su mayor parte, de forma híbrida). Los acuerdos individuales se miran con lupa, y el temor al absentismo obliga a las empresas a ponerse al día en dispositivos como Mouse Jiggler (que mueve mecánicamente el ratón) y plataformas de seguimiento como Hubstaff, Time Doctor, Clockify o WorkMeter.
Òscar Jiménez, perito del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, explica que los programas de monitorización permiten “supervisar en tiempo real cómo se utiliza el ordenador corporativo”. El objetivo es registrar “qué aplicaciones se usan, qué páginas web se visitan, cuánto tiempo permanece activo el equipo y qué archivos se copian”. Según Jiménez, incluso se pueden “realizar capturas de pantalla”. Otra vía para cazar a los tramposos, comenta, es el examen del ordenador mediante técnicas de informática forense, que permiten “reconstruir parte de la actividad a partir de los rastros digitales que deja el sistema”. El valor de estas pruebas depende de “cómo se hayan obtenido, conservado e interpretado los datos”, apunta el experto.
Los juristas exploran los límites de estos mecanismos de vigilancia. Víctor Canalda, abogado y profesor de derecho laboral en la Universitat Oberta de Catalunya, considera que las líneas rojas están trazadas formalmente en “el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Trabajo a Distancia, la normativa de protección de datos y la jurisprudencia”, que “marcan límites claros al control, también en remoto”. El letrado se refiere a la protección reforzada de la privacidad, intimidad y desconexión digital. “Otra cosa es la práctica”, aclara: si el seguimiento se implementa sin garantías, información ni participación de la representación legal, el trabajador estará en desventaja “porque se verá sometido a una arquitectura de control de la que no conoce su origen, esencia y extensión”.
A veces, el conflicto desemboca en despido. El tribunal lo respaldará “cuando se acredite, correctamente, la simulación de actividad, el abuso de redes sociales o el bajo rendimiento”, señala Canalda. Sin embargo, matiza, si la prueba se consiguió de forma opaca o desproporcionada, “el despido puede calificarse como improcedente o incluso nulo por vulneración de derechos fundamentales, con su consiguiente indemnización por daños morales”. Como ejemplo, el Tribunal Constitucional amparó en 2021 a una trabajadora que fue monitorizada sin información previa: los jefes accedieron, incluso, a correos personales con su abogada.
Para la empresa, la vigilancia es delicada. Álvaro San Martín, socio responsable laboral de Casadeley, sitúa el límite en el respeto a la dignidad, intimidad y protección de datos. El control debe ser “idóneo, necesario y proporcional” y estar precedido por reglas internas, comunicación e información sobre su existencia y los medios utilizados. Así, la dirección puede instalar programas en los equipos “siempre que respete esos estándares de proporcionalidad”, lo que exige confirmar que el trabajador fue informado de “la posibilidad y alcance de la supervisión, el grado de intrusión, la justificación, la presencia de medidas menos intrusivas y las garantías ofrecidas”.
El fenómeno del teletrabajo, defiende San Martín, “no ha perjudicado el control en abstracto: exige uno distinto”. Y cuando esta fiscalización es lícita, “el empresario que se adapta no sale perjudicado”. El letrado recuerda el caso de una gestoría que despidió correctamente a una teletrabajadora porque, en una reunión, se escuchó de fondo la melodía corporativa de Mercadona a través de su micrófono.
Miguel Recio, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial (APEP·IA), señala que, en la práctica, la frontera del control se sitúa en una invasión mínima y necesaria. La irrupción del trabajo a distancia ha sorprendido a empresa y trabajadores “sin un marco operativo claro”. Recio muestra un contexto paradójico: “Empresas que recogen muchísimos más datos personales que hace cinco años, pero con políticas de privacidad que no se han actualizado al mismo ritmo”. Según su criterio, el empleador usa herramientas de monitorización que, “si bien no son intrínsecamente lesivas, se han implantado a gran velocidad y, en muchos casos, sin un análisis previo de proporcionalidad”.
En los próximos años, las tecnologías evolucionarán. En palabras de Recio, nos adentramos en la “zona gris de la IA” aplicada al control laboral. Se unen algunos obstáculos, como una “preocupante dependencia de software SaaS y otras aplicaciones sin una debida evaluación de impacto en protección de datos”. Estas deficiencias no pueden solventarse con cláusulas genéricas en los contratos ni restringiendo el avance tecnológico. Ante un escenario por explorar, el experto recomienda el asesoramiento de profesionales de la privacidad y, en particular, de los delegados de protección de datos.
Atraer población y fijarla se ha convertido en un mantra para la España despoblada que compite por su conquista. Financiación autonómica y europea, incentivos fiscales locales o una masiva digitalización (97,4%) de los hogares españoles (125 pueblos permanecen sin conectividad) asientan vecinos nuevos. Decenas de programas (cheque emprendedor, nómadas digitales) y una extensiva red de coworkings animan la oferta para recibir al teletrabajador y seducir al emprendedor. Pero disponer de vivienda es ya otro cantar. “No faltan casas”, señala Cristina Gredilla, jefa del servicio Reto Demográfico de Castilla y León, la comunidad con más pueblos de España (2.248), que desmiente el bulo ampliamente extendido sobre su adquisición a coste cero: “No hay vivienda gratuita”.
La Junta celebra la tendencia al alza de sus vecinos.“Hemos incrementado la población en 42.842 personas entre 2022 y 2026”, señala Gredilla. Y anima: “Necesitamos gente que venga a nuestros pueblos. Aquí hay trabajo y vivienda”. Si bien reconoce que, “en la mayoría de municipios con menos de 1.000 habitantes, necesitan ser rehabilitadas”. Y da visibilidad al proyecto Vivienda Nodriza, dotado con 100.000 euros “para personas que vengan a trabajar o poner un negocio”. El Ayuntamiento subvenciona la vivienda y se la alquila al trabajador por menos de 100 euros.
Además, la comunidad acaba de anunciar la construcción de 1.000 viviendas públicas modulares hasta 2030 a las que pueden optar los menores de 36 años a un precio de 120.000 euros (y 150.000 euros si se supera esa edad). Para optar a ellas hay que inscribirse en la web Tuya.
También Castilla-La Mancha (919 municipios) está de enhorabuena. Ha logrado revertir la tendencia de pérdida demográfica en los pequeños municipios. Su censo ha crecido desde 2021 en 4.732 habitantes en las zonas despobladas, de los que 3.611 se han instalado en las de extrema despoblación. La comunidad ofrece un potente marco de subvenciones para quien quiera emplearse en ella en tres ámbitos: el de la empresa, a la que subvenciona con entre 10.000 a 12.000 euros si contratan personal indefinido en áreas de riesgo de despoblación o con despoblación extrema. Y suma 5.000 euros si el contrato se vincula a un proyecto de I+D+I.
El segundo ámbito es el de los autónomos, emprendedores y empadronados, que pueden recibir de 5.000 a 5.833 euros (según donde se asienten) y un montante de hasta 4.400 en ayudas al alquiler del local del negocio. Para los que mantengan la residencia más de un año tras la concesión de la subvención, ofrece además el bono talento rural (hasta 4.000 euros) para gastos en transporte público. Del mismo modo, Asturias ofrece el cheque emprendedor (10.000 euros), que puede solicitarse a partir del próximo mes. La alcaldesa de uno de sus municipios, Tineo (con 8.679 habitantes), Montse Álvarez Fernández, aplaude un incremento de 159 habitantes desde 2025. “Necesitamos trabajadores del sector ganadero y forestal, además de camareros, cuidadores, jardineros o electricistas”. Y cifra en 1.500 euros el sueldo medio. La regidora asume que la vivienda “escasea” y su precio en alquiler ronda los 300 euros. Por ello llama a constructores privados a “invertir en estas tierras, llenas de posibilidades” tanto para los que se fueron y se plantean volver, como para los que abandonan la ciudad. “La experiencia nos está diciendo que es más fácil retener al que vuelve que al que viene a experimentar. Un foco en el que las administraciones deberían insistir”, apunta Carlos Ramos, director de Rural Talent. Y eso es precisamente lo que ha hecho Raquel Camarero, fundadora de Naturfera, con la que ha retornado a su localidad burgalesa de Torresandino (565 habitantes). “En el colegio nos decían que aquí no tendríamos futuro. Siempre quise volver y no he parado de buscar una idea que me permitiese hacerlo”.
Invirtió sus ahorros, 3.000 euros, en la cría de la lombriz, el motor de su negocio, con el que produce humus de lombriz y factura 20.000 euros.“Es un fertilizante natural que actúa como abono para huertos y suelo sin ningún químico”. Para la joven, emprender en casa supone disponer de recursos, “como la nave de mis abuelos y contar con la ayuda incondicional de los vecinos, mis mejores comerciales”. Pero también conlleva vivir al límite: “Correos abre 15 minutos y debo andar lista para cuadrar envíos”. Camarero espera una subvención de los fondos Feader (15.000 euros) “para comprar maquinaria con la que pasar el humus a formato líquido y saltar a la producción industrial, y confía en “crecer para llegar a crear empleo”.
Se necesitan pastores
Algo que difunde Javier Guerrero, hijo y nieto de pastores y fundador de Vida Trashumante. Desde su pueblo, Santiago de Pontones (2.629 habitantes), en Jaén, exhorta: “Necesitamos pastores. Hay muchos rebaños y guiarlos es una oportunidad para hacer cosas nuevas”. Y anuncia un sueldo de 1.400 euros netos. Como emprendedor ha puesto en marcha un olivar ecológico que produce aceite de oliva y con el que factura 27.000 euros. “Recuperar oficios, innovar en negocios de toda la vida y tirar de tecnología son apuestas seguras en el mundo rural”, sostiene Ramos. Como las hermanas Etxarri, Teresa y Judith, que han adaptado su furgoneta para ofrecer servicios veterinarios a animales domésticos a su paso por los pueblos de Navarra, con su empresa GureVet.
La Moza de las Redes es la propuesta de Zuriñe García desde el asturiano Villallana (590 habitantes) para ayudar a la digitalización de los negocios en zonas rurales. También Ernesto Miralta y Miguel Crisolino desde Ceclavín (1.769 habitantes), en Cáceres, han apostado por innovar en turismo: ofrecen con su Barco Natura una experiencia fluvial y ornitológica por el valle de Alagón. La Junta de Extremadura abre plazo de presentación a sus programas para atraer nómadas digitales. Ofrece dotaciones (de 8.000 a 10.000 euros) si permanecen 24 meses. Y hasta 5.000 euros más si añaden otros 12 meses.
Agregar a favoritos 