Abogada laboralista conocida por su activismo en el norte del país, lleva más de 30 años enfocada en casos laborales.
Desde 2021 es diputada por la vía plurinominal en la LXV Legislatura por Morena. Secretaria de la comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de las comisiones de Igualdad de Género y Vivienda.
Nació el 19 de diciembre de 1966 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Creció en la casa familiar, en la colonia Melchor Ocampo, mejor conocida en Juárez como la “Malhechor Ocampo”: un barrio urbano popular a pocos kilómetros de la frontera. Susana se pagó la escuela trabajando en las maquilas.
Es Contadora Pública y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Juárez.
Prieto Terrazas trabaja más de 18 horas al día. Pocos de sus colaboradores le siguen el paso.
Su despacho creció. En 30 años de trabajo abrió bufetes en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, aunque el más importante es el primero, el de Ciudad Juárez, donde atiende unos 1 mil 500 casos al año.
Susana mantiene una buena relación con su familia. No deja de dedicar tiempo a su esposo, ni a sus hijos, y se mantiene cerca de su madre. Su hija María Fernanda Peña Prieto encabezó su defensa en medios cuando fue encarcelada en 2020.
Su esposo es médico. Se mudaron a vivir a El Paso a causa de la inseguridad. Debido a su imposibilidad para dar consulta en Estados Unidos, se dedicó a los bienes raíces.
En agosto de 2020 se contagió junto con su esposo de covid.
Casos emblemáticos
Los casos que me hicieron famosa en el exterior fueron el de Eaton Industries, Eaton Cooper Bussmann, Lexmark y Foxconn.
Eaton. De los 50 trabajadores que salieron a protestar contra la planta maquiladora Eaton Juárez, acusando malas condiciones laborales, varios fueron despedidos. El día 17 de junio de 2015 los 38 de EATON recibieron el apoyo y solidaridad de diversas organizaciones de luchadores sociales, como fueron los maestros del RESISSSTE, miembros del Frente Ayotzinapa Juárez, entre otros.
El movimiento obrero inició en Eaton Industries, y después se levantaron 3 empresas juntas Eaton Usman, Foxconn, Lexmark y ABC.
Foxconn. A finales de los noventa se concibió el proyecto Jerónimo-Santa Teresa, que sería una ciudad binacional manufacturera. La idea era tener una ciudad industrial, cuyos habitantes-trabajadores no tuvieran problema en ir de un lado a otro de la frontera. Ahí, en los siguientes años abrió una planta ensambladora de Científica Atlanta, filial de Foxconn, trasnacional de capital chino famosa por los suicidios de sus trabajadores debido a los infiernos laborales. Hubo un brote de influenza en la planta y no hubo el cuidado suficiente por parte de los directivos. El litigio se terminó en 2015.
El día que ganó Foxconn, llegaron a su despacho unos tipos armados. Golpearon a su esposo y a ella la intimidaron. Supuestamente se trató de un asalto. Al único detenido, plenamente identificado, lo dejaron la policía lo dejó libre. Susana acusó al gobernador de Chihuahua, César Duarte, de estar detrás del asunto.
El movimiento en Lexmark se extendió desde octubre 2015 hasta febrero del 2016. Lexmark fue especialmente importante; se luchaba contra las condiciones insalubres al interior de la empresa; muchos contraían cáncer inhalando los tóners de las impresoras. Se quedaron en una carpa enfrente de la maquiladora por seis meses. Esto coincidió con la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez y la lucha alcanzó visibilidad internacional. Los periodistas que acompañan al Papa —quienes representaban a medios como The Guardian, Le Monde, y otras publicaciones europeas— visibilizaron el movimiento de la Asociación Civil de Obreros Maquileros de Ciudad Juárez.
Con Lexmark descubrió la importancia del activismo para ganar casos. En junio del 2015 abrió una cuenta en Facebook con su nombre completo: “Susana Prieto Terrazas”, con lo que inició su despegue en los medios.
En 2016, ante un conflicto de los trabajadores de Altos Hornos de México en Coahuila, Prieto Terrazas salió a relucir. Treinta obreros renunciaron a la CROC. El entonces líder de la sección 147 de la CROC acusó a la abogada de “desestabilizar la paz laboral de la región”.
Tridomex. En 2019, el gobierno federal aumentó al doble el salario mínimo para la frontera norte, que pasó de 88 a 176 pesos diarios. Esa era más o menos la remuneración que recibían en Tridonex y otras maquiladoras, así que los trabajadores exigieron un aumento del 20% a sus salarios y el pago de un bono de 32,00 pesos. Así surgió el Movimiento 20/32. Ante la negativa de sus demandas, no sólo por parte de la empresa, sino del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPME), los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió a 28 maquiladoras.
En este marco, en junio de 2020 SPT fue arrestada en un restaurante en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por supuestos delitos contra servidores públicos, amenazas y motín, luego de acompañar una manifestación frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros.
Su detención en el penal de Tamatán, en Ciudad Victoria, se ejecutó después de que José Manuel Gómez Porcini, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presentó una denuncia penal porque SPT supuestamente retuvo a trabajadores de la junta local en el interior del edificio. Su arresto curiosamente siguió a su anuncio de abrir oficinas en Reynosa.
La jueza Rosalía Gómez Guerra la mantuvo 24 días tras las rejas y fue puesta en libertad después de pagar una indemnización de 60 mil pesos y con la obligación de permanecer en Chihuahua, proceso que se suspendió al señalar la inconstitucionalidad de violar su libertad de tránsito y trabajo.
La juez de control Rosalía Gómez Guerra aprobó la suspensión del proceso pero la condenó a residir forzosamente en su domicilio de Ciudad Juárez, no volver a Tamaulipas en 2 años y medio y no ir a Estados Unidos en 2 años y medio.
SPT acusó directamente a Javier Corral, entonces gobernador de Chihuahua, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, de persecución política.
El Movimiento 20/32 se transformó en el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS). Esta demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la titularidad del CCT de Tridonex en manos del SITPME. La solicitud de queja la presentó en mayo de 2021. La petición la firmaron también la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), así como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen, por violaciones al capítulo 23 del T-MEC. En este caso, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida demostró su eficacia. La compañía de autopartes acordó pagar más de 600 mil dólares en salarios atrasados a trabajadores despedidos, presionada por la letra en el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
SPT dice que su activismo y defensa en materia de derecho laboral a obreros que trabajan para empresas maquiladoras en el norte del país ha provocado que gobernadores, empresarios y líderes sindicales hayan puesto un precio a su silencio.
Ha criticado el papel timorato del Gobierno federal en relación a su caso, y en el de la precarización de las relaciones laborales en México con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (al que llama “Jóvenes Destruyendo Futuro”).
Ha criticado abiertamente a López Obrador por sus políticas respecto a los trabajadores en la pandemia.
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