El Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización del gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo informe sobre el avance de la reforma laboral en México, el uso de los recursos que ese país ha asignado para este fin; y reveló que en el presupuesto para la reforma de la ley laboral para este año hay un déficit de aproximadamente 97 millones de dólares, cuyo compromiso fue hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un documento de más de 20 páginas, el Comité Laboral detalla que había un compromiso desde la presidencia para otorgar los recursos suficientes; y reconoce que “se podrían agregar fondos adicionales al presupuesto a nivel federal en 2022. El gobierno sigue en camino de cumplir con su cronograma para establecer nuevas instituciones de justicia en los 32 estados mexicanos para mayo de 2022, un año antes de la reforma cronograma de la legislación”.
Aún cuando el Comité Laboral consideró que el ritmo de legitimaciones aumentó; destaca que “las partes interesadas en México y los Estados Unidos continúan expresando su preocupación de que haya un aumento en las solicitudes de legitimación justo antes del 1 de mayo de 2023, fecha en la que los convenios colectivos quedan sin efecto si aún no han sido legitimados, lo que dificultará la capacidad de las autoridades gubernamentales para llevar a cabo una supervisión efectiva de los votos”.
El poco avance en las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo se nota, ya que de 559,969 registrados, solo van 3,002 legitimados, en consecuencia el porcentaje es del 0.5%, y el plazo vence el primero de mayo del 2023; de ahí que se haga un fuerte señalamiento a que no tendrán capacidad para atender todas las legitimaciones.
“Esto podría desbordar la capacidad de las autoridades laborales mexicanas para monitorear los votos y podría generar confusión entre los trabajadores y los empleadores, en el momento en el que los convenios colectivos dejen de ser válidos de manera automática”.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a destinar para 2022 alrededor de 1,350 millones de pesos para la implementación de la reforma laboral, hecho que no ocurrió.
Asimismo, se anunció que la tercera etapa de la reforma laboral, que entraría en vigor el primero de mayo de este año, sufrirá un retraso de 5 meses por cuestiones presupuestarias en 12 estados de la República mexicana.
Este informe, también refiere que hay presunta intimidación y coerción por parte de los sindicatos que buscan mantener el control, engañando al empleador sobre el proceso, y considera que hay una falta de información pública sobre la supervisión del proceso por parte del gobierno mexicano, incluyendo el seguimiento de las quejas de los trabajadores, lo que limita la responsabilidad pública.
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