Ordenan otra vez a Napo que pague

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Antonio Baranda

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) nuevamente condenó al líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a algunos agremiados más de 54 millones de dólares que en 2005 le fueron depositados en un fideicomiso por la empresa Grupo México para beneficio de los trabajadores.

En un nuevo laudo emitido el 28 de enero, que deja sin efectos el dictado -en el mismo sentido- el 13 de octubre del 2021, la Junta ordenó hacer la distribución proporcional de dicha cantidad, y señaló a Gómez Urrutia como “obligado solidario”, es decir, que es responsable del pago.

 

Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), y al Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores (demandantes) el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de $54,084,470.90 dólares de los Estados Unidos de América, del extinto fideicomiso número 10964526 (antes 9645), entregados (…) el 3 de marzo de 2005″, indica la resolución de la Junta Especial Número 10.

Este laudo, que deriva de la acumulación de 25 expedientes del caso, fue dictado en cumplimiento a las ejecutorias de dos juicios de amparo resueltos por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

En el documento se menciona a cientos de trabajadores beneficiarios, pero ordena abrir un “incidente de liquidación” para determinar el total de la plantilla -que en 1990 laboraban para Minera Cananea- y así lograr una repartición equitativa.

Con base en la resolución, se absolvió a Grupo México, Mexicana de Cananea, Scotiabank Inverlat, así como Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, de todas las prestaciones reclamadas.

El asunto se remonta a 1990, cuando Grupo México compró a Mexicana de Cananea, y ofreció al SNTMMSRM una participación accionaria, lo que se materializó en 2005, con el depósito de 54 millones de dólares.

No es la primera vez que la JFCA ordena responder por ese dinero. En abril de 2021 se condenó al sindicato, así como a su líder y senador por Morena a pagar los 54 millones de dólares que fueron depositados en el fideicomiso

El sindicato minero, que dirige Gómez Urrutia, desconoció el laudo emitido por la JFCA y lo calificó como un acto arbitrario y de abuso de autoridad, por lo que promovió entonces un amparo para impugnar el fondo del asunto.

Meses después, el 2 de agosto, el sindicato aseguró que un tribunal había librado a Gómez Urrutia del pago. Pero en octubre pasado la Junta Especial Número 10 volvió a condenar al gremio y al dirigente, situación por la que se volvieron a presentar amparos.

Este caso provocó, en 2006, cargos penales por fraude contra Gómez Urrutia, quien huyó a Vancouver, pasó 12 años en Canadá, fue absuelto de las acusaciones, y regresó al país en 2018 como senador plurinominal por Morena.

Desde 2018, el sindicato minero afirmó que ya había pagado a los trabajadores y calificó de ilegal otra de las condenas que previamente había dictado la JFCA en su contra.

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