Las bajas por reglas dolorosas entrarán finalmente en la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno Español, serán pagadas por la Seguridad Social desde el primer día, no se exigirá un mínimo cotizado de días como ocurre con otras incapacidades temporales comunes y no habrá un límite fijo de tiempo. “No hay días, son los que necesite cada mujer”.

La ministra, española Irene Montero, en su cuenta de Twitter: “Vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día. Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos”.

Pero aún faltan otras cuestiones por dirimir. Desde el Ministerio de Seguridad Social se mantienen a la espera de conocer el resultado del trámite parlamentario al que se someterá la nueva norma para manifestarse respecto a su contenido final, informa Gorka R. Pérez.

En Trabajo, por su parte, valoran los apartados de los que está compuesto el borrador y reiteran que su postura al respecto quedó fijada el jueves con las palabras de la titular del ministerio, Yolanda Díaz. “Las bajas médicas por una enfermedad incapacitante diagnosticada, como una menstruación dolorosa, no nacen de la nada. Ponen nombre y visibilizan una realidad que ya existe. Hacerlo con garantías legales es cuidar la salud de las mujeres y asegurar espacios de trabajo mejores”, indicó la vicepresidenta.

El borrador de esa normativa, recoge la salud menstrual como parte del derecho a la salud, afirma que debe ser igualitaria para todas en todos los niveles sanitarios y sin distinción en función del lugar de residencia; y especifica que se combatirán los estereotipos y mitos sobre la regla que aún existen y que dificultan la vida de las mujeres.

Algunos de los artículos dentro de este ámbito son la oferta, gratuita, de los productos de higiene necesarios para la menstruación en los centros educativos, en los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión y en las prisiones; que esos productos, progresivamente, se vayan incorporando a todas las dependencias de los organismos públicos; que se entregarán a quienes los necesiten sin mediación alguna y serán lo más sostenibles, ecológicos y respetuosos con la salud de las mujeres posible.

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