Por Mónica Camacho
La Jornada
El Congreso de Puebla recibió una iniciativa del Poder Ejecutivo local que busca regular el cobro de honorarios de los abogados. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que su aprobación impediría abusos de los profesionales del derecho.
Céspedes aseguró que ha recibido “muchas quejas” de personas que fueron condicionadas por abogados a llevar su defensa en un litigio, a cambio de 50 por ciento de los recursos económicos recuperados.
“Muchas veces obligan a los afectados a firmar pagares para garantizar ese pago”, agregó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena, en una conferencia de medios que encabezó en el palacio legislativo.
Calificó ese tipo de cobros de “malas prácticas” que se dan principalmente en juicios laborales, relacionados con despedidos injustificados y a la negativa del patrón a pagar liquidaciones o cubrirlas de manera completa.
Luis Miguel Barbosa Huerta, titular del Poder Ejecutivo, propuso regular el tema con la expedición de una Ley para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho que formó parte de un paquete de cinco iniciativas turnadas por el gobernador que el Congreso remitió a comisiones ayer, para su dictaminación.
Barbosa también sugirió una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado que pretende dar prioridad al desplazamiento de personas en calidad de peatonas, conductoras de vehículos no motorizados y con discapacidad, así como reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito.
Asimismo, planteó crear la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla, así como reformar el Código Penal a fin de fijar un mayor control en la materia.
En el paquete también se encuentra una reforma a la Ley Estatal de Salud, a la Ley de Salud Mental y al Código Penal, para promover la medicina tradicional como un sistema alternativo y complementario en la atención de la salud.
Por último, el Poder Ejecutivo remitió una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley del Notariado, a fin de sancionar a los fedatarios públicos que no identifiquen en el instrumento notarial, la forma en que se pague la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, cuando la operación sea de 14 mil 417 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un millón 386 mil 915 pesos.
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