Requieren empresas aumentar productividad para enfrentar cambios en LFT que amplían vacaciones a trabajadores.

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Rosalba Amezcua

*IMCO advierte que trabajadores informales no recibirán el beneficio.

El 1 de enero del 2023, entró en vigor en México, la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, denominada de “Vacaciones dignas”, con lo que los trabajadores podrán gozar de 12 días de descanso pagados que representa un incremento de seis días respecto a los seis que actualmente se otorgan después de un año de servicio.

Las voces de esta decisión emanada del Poder Legislativo, han sido diversas pues mientras hay quienes celebran la determinación, otros advierten de los riesgos de una medida de tal magnitud en un momento donde las empresas empiezan a salir de los estragos que a su paso dejó el Covid-19, una crisis económica y otra serie de obligaciones laborales que este año tendrán que ser cumplidas por los patrones del país.

Especialistas en gestión de personas reconocen el impacto que las nuevas políticas laborales tendrán en el sector empresarial este 2023 como son aumento en el salario mínimo, días y primas vacacionales, modificaciones en las aportaciones patronales y el seguimiento a la NOM-037  que regula y promueve el equilibrio entre lo laboral y personal de los colaboradores en el trabajo remoto y flexible, son retos para las organizaciones.

Felipe Cuadra, cofundador de Rankmi, plataforma líder en gestión de personas, y experto en temas organizacionales, recomienda hacer una revisión profunda en la optimización de recursos y el uso de la tecnología como un elemento claro para automatizar procesos de nómina complejos. Con el valor agregado de que la información que se recabe en estos procesos y la transparencia con que se comunique, será fundamental para vincular a los colaboradores con la empresa y sus metas.

“Este año, las firmas tendrán que asumir los costos de nómina y operación que conllevan el 20% de aumento al salario mínimo, el incremento de aportaciones patronales para la pensión de los trabajadores que es de entre 3.15% al 4.24% del salario base, y el incremento de días de vacaciones de 6 a 12 en el primer año, entre otros, por lo que es fundamental aumentar la productividad para no perder competitividad”, alertó.

Precisó que hay un gran potencial para aumentar la productividad ya que en México el promedio de horas de trabajo es 23% mayor al de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); sin embargo, en competitividad está en la posición 37 de 43, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Estas cifras se traducen en que el mexicano promedio pasa demasiado tiempo en su trabajo sin ser tan productivo como podría, así que el potencial para mejorar su desempeño es muy alto, y es posible lograrlo analizando y mejorando los procesos organizacionales”, dijo.

Por ello, afirmó que, en este momento, muchas empresas han comenzado a ajustar sus nóminas y se encuentran calculando cuáles serán los montos e impacto que tendrán las modificaciones salariales y organizacionales para los próximos meses y evaluando de qué manera factores como la inflación, el aumento de tasas de interés y la desaceleración económica les afectarán.

Para el IMCO, la reforma tiene sus limitaciones, ya que no permean en todo el mercado laboral. La propuesta implica un cambio a las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y beneficiaría a quienes se emplean en la formalidad. Al segundo trimestre de 2022, se registraron 57.4 millones de trabajadores, de los cuales 44% se emplean de manera formal y tienen acceso a prestaciones laborales, como las vacaciones pagadas. El resto trabaja en la informalidad y la propuesta no implicaría ningún cambio en sus condiciones laborales.

Mientras que para la firma de recursos humanos Manpower, las modificaciones laborales ya en vigor, dan muestra de que el tiempo de descanso se ha vuelto un factor importante en el manejo de la productividad de los empleados y la retención del talento.  Sin embargo, reconoce que después de un año se podrá hacer una evaluación real sobre los daños o perjuicios que la medida pueda o no causar a las empresas y si con ella se aumentó o no la informalidad como mucho se advierte.

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