El ingreso digno es una aspiración global para recuperar el valor del trabajo en la economía del siglo XXI. Ante enormes cambios desde la “revolución digital” y acelerados por la pandemia, resulta indispensable preservar la centralidad de las personas. Los “trabajos del futuro” no pueden ser trabajos sin derechos.

Por eso resulta esperanzador que organismos nacionales empresariales como Coparmex, Canacintra, USEM y AliaRSE, así como diversas iniciativas locales como México Digno en Chihuahua, Coincydes en Jalisco y la Alianza para la Prosperidad en Guanajuato, coincidan en el impulso al ingreso digno (Reforma 18/08/2023).

Además, es especialmente pertinente, ahora que se anunció la reducción de la pobreza de 42% a 36% entre 2018 y 2022, pues los datos muestran que la mejora proviene de los ingresos por trabajo, sobre todo en los hogares de menor ingreso.

En los hogares del decil I, los ingresos por trabajo subieron 30%; en el decil II, 14%; en el decil, III 7%, y en los deciles IV y V, 6%, todo en pesos de valor real. El esfuerzo de las personas y las familias y también de las empresas que pagan los salarios tiene el mérito mayor en la reducción de la pobreza.

La paradoja es que la mejora aún es insuficiente. Unas 35.7 millones de personas trabajan y no ganan lo suficiente para superar el umbral de pobreza (ENOE 2023-I), por lo que se requiere avanzar más y más rápido.

El ingreso digno que proponen las iniciativas empresariales es más alto que el umbral de pobreza. Considera una “canasta” de bienes y servicios que va más allá de lo básico para sobrevivir. En el evento de diálogo entre organismos empresariales y organizaciones civiles se mencionó un salario digno de 12,400 pesos al mes, para dar una referencia, pero no hay un monto fijo, puede ser mayor o menor a eso dependiendo de cada lugar. Una familia requiere lo doble, es decir, dos personas ganando al menos esa cantidad para poder aspirar a una calidad de vida adecuada.

El ingreso digno es una iniciativa empresarial voluntaria. No puede ser impuesta por decreto gubernamental. Y es una meta que requiere una decisión y un plan en cada empresa para mejorar la productividad, las ventas y en general la fortaleza económica de la empresa para llegar al monto del ingreso digno, como la remuneración más baja a los trabajos menos calificados.

La ruta en cada empresa inicia cuando dueños y directivos “toman conciencia” sobre cuánto requiere una persona para vivir dignamente. También deben saber cuánto es lo mínimo indispensable para salir de la pobreza. Con esos dos datos claros, el paso siguiente es cuantificar qué parte del personal se ubica por debajo de ambos niveles: el de pobreza y el de vida digna.

Y desde ahí trazar el plan hacia el salario digno. El paso inmediato son nóminas libres de salario de pobreza: nadie con menos de 8,600 al mes. Pero esa no es la meta, el objetivo es pagar el ingreso digno en el plazo más corto posible, con esfuerzos concertados de productividad. Quienes ya lo han hecho saben que el retorno de la inversión es inmediato y sustancial.

Como afirmó José Medina Mora, presidente de Coparmex, se trata de “cambiar el paradigma de que México compita con base en bajos salarios, por otro que nos permita competir con innovación, talento y salarios dignos”. No es un sueño, está ya en proceso y es indispensable que lo asuman las empresas socialmente responsables como elemento indispensable.

La coautora es presidenta del Consejo Directivo de CEMEFI.

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El coautor es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

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