El 2023 fue un año clave en la transición al nuevo modelo laboral. Durante este año se cerró el periodo de legitimación de los CCT; en los últimos meses del proceso de legitimación las autoridades laborales dejaron de publicar resultados de las votaciones, lo que impidió valorar los términos y condiciones en que el CFCRL daba por válidas las consultas de legitimación. En conjunto, después de que se cerró este periodo, se pueden sacar algunas conclusiones:
1) En su gran mayoría, los CCT legitimados fueron llevados a cabo como simulaciones, donde la base trabajadora no tenía completa la información de la naturaleza de la votación, las explicaciones por parte de las directivas sindicales fueron imprecisas y los criterios de validación del CFCRL irregulares.
2) Existe la imperiosa necesidad de corregir de manera radical las cifras oficiales de legitimación, en la medida en que se aplicaron criterios distintos a los que claramente están señalados por el Artículo 390 Ter en lo que se refiere a la mayoría de votos de las y los trabajadores protegidos por el contrato colectivo de trabajo para que el mismo sea legitimado.
3) Salvo casos significativos, como GM-San Luis Potosí o empresas del ramo electrónico maquilador, no existe claridad de los centros de trabajo en donde desaparecieron CCT, ni siquiera de las propias autoridaxdes. En contraparte, se ha detectado un crecimiento exponencial de la solicitud de constancias de representatividad (casi 9,000), en su mayoría, por parte del sindicalismo charro y de protección.
Por otro lado, la puesta en marcha del nuevo modelo está dejando ver lagunas en cuanto a la garantía del derecho de huelga y a la titularidad de la contratación colectiva. Dichas lagunas pueden limitar el libre ejercicio de derechos colectivos, contravenir las garantías supuestas para el ejercicio de derechos colectivos.
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