En un comunicado, el corporativo, de capital indio y con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, señaló que ha respetado los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, y “con la convicción de que hemos cumplido cabalmente con todas nuestras obligaciones legales, reiteramos nuestra
disposición al diálogo, pero ya no estamos dispuestos a permanecer como rehenes de la ilegalidad y la extorsión ante reclamos que carecen de sustento”.
ArcelorMittal aseguró que el 27 de mayo cubrió en tiempo y forma el pago del reparto de utilidades rebasando el límite legal de los tres meses de salario, al cubrir 10 por ciento sin topes. “Se respetaron los procedimientos de ley y los derechos de los empleados, quienes participaron en las revisiones puntuales de la declaración fiscal correspondiente a 2023”, puntualizó.
Los directivos de la empresa solicitaron a las autoridades su inmediata intervención para que se ejerza el estado de derecho y se solucione el conflicto, de tal forma que permita salvaguardar la fuente laboral, cuyo paro “ha impactado negativamente en la economía regional, nacional e internacional”.
Subrayaron que la huelga en la siderúrgica ha “dañado la imagen de México en el mercado global y la comunidad internacional, poniendo en riesgo futuras inversiones y la credibilidad del estado de derecho”.
En su posicionamiento, la acerera argumenta que “es impensable que trabajadores y el sindicato que los representa, amparados en la ilegalidad y en absoluta impunidad, comprometan la sustentabilidad de una empresa estratégica en México en una de las actividades productivas más importantes de cualquier economía y se amparen en el ejercicio de sus derechos colectivos para simular un movimiento legítimo que en el fondo pretende extorsionar a una empresa y obtener un lucro indebido”.
El conflicto, a tribunales
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lamentó que la mayoría de los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Nacional Minero rechazaran el acuerdo propuesto por ArcelorMittal, el cual calificó de “favorable”. Ahora el conflicto llegará a tribunales.
El martes, los empleados afiliados al gremio que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, rechazaron el ofrecimiento de la siderúrgica por 2 mil 435 votos, 337 a favor y seis nulos. Así, decidieron mantener las banderas rojinegras a las entradas de la acerera.
La STPS explicó que, en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Gobernación, impulsó un “acuerdo favorable para los trabajadores”, con el que se pretendía poner fin al conflicto que se inició el 24 de mayo y “preservar los más de 8 mil empleos de la región”.
El convenio contemplaba que, una vez reactivadas las actividades, la empresa entregaría a cada trabajador 20 mil pesos en efectivo y una cantidad igual en vales de despensa, detalló la dependencia y anunció que continuará impulsando el diálogo entre las partes.
Foto: El Sol de México
Agregar a favoritos 