Desde 1997, WIEGO ha vinculado a organizaciones de base de trabajadores en la economía informal, como sindicatos, cooperativas y asociaciones, con expertos en investigación, estadísticas y desarrollo, con el objetivo de atender las necesidades de estos trabajadores.
La labor de WIEGO se centra en asegurar ingresos justos y condiciones de trabajo seguras para las personas en la economía informal. También busca reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, el desempleo y crisis externas (como una pandemia o una crisis económica) mediante la promoción de políticas y programas gubernamentales que disminuyan y prevengan estos riesgos.
Para fomentar este cambio, WIEGO trabaja en mejorar la recopilación de estadísticas y en expandir el conocimiento sobre la economía informal. Asimismo, fortalece las redes y capacidades de las organizaciones de trabajadores y les ofrece apoyo en su lucha por influir en políticas a nivel local, nacional e internacional.
En México, el proyecto se centró en la Ciudad de México, donde los recicladores informales participan en tres etapas del servicio de limpieza de la ciudad: recolección puerta a puerta (en camión o carrito), plantas de selección y tratamiento, y el destino final de los residuos.
De estas tres etapas, el proyecto “Protegiendo los derechos humanos de las recicladoras y los recicladores en América Latina” se enfoca exclusivamente en la fase de recolección, en la que participan trabajadores voluntarios. Estos trabajadores realizan la recolección de residuos en domicilios sin recibir un salario o contrato del gobierno, obteniendo sus ingresos a través de la venta de materiales reciclables y propinas de la ciudadanía. Esta situación ha sido destacada en la Recomendación 07/2016 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
En el informe sobre la Ciudad de México, presentado el 3 de mayo de 2019 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por su Presidenta, Nashieli Ramírez; la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón; la Senadora Patricia Mercado; y la Coordinadora de WIEGO en la Ciudad de México, Tania Espinosa, se describen los desafíos que enfrentan los recicladores informales. A pesar de su integración en el sistema formal de gestión de residuos, al no ser reconocidos como trabajadores, experimentan condiciones laborales precarias que afectan sus derechos humanos. Además, se encuentran en una situación de espera para ser contratados, lo que los hace vulnerables a la manipulación política sin que sus condiciones laborales mejoren.
Asimismo, el informe documenta la amenaza a sus medios de subsistencia en 2017, cuando el gobierno anunció la construcción de la planta de incineración de residuos más grande de América Latina, a cargo de la empresa Veolia. Afortunadamente, tras la redacción del informe, el proyecto fue cancelado.
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