Juan Jesús Garza Onofre
Todavía es pronto para hacer un balance sobre la nueva justicia en México, esa que fue electa en las urnas con la legitimación del pueblo a instancias del expresidente López Obrador. Un semestre es un periodo breve para formular conclusiones, pero ya no es tan temprano como para anotar algunas cosas.
Aunque las advertencias se hicieron llegar, avanzaron reformas marcadas por la improvisación procesal. Aun así —y esta es la paradoja— dichas reformas no terminan de tener ningún efecto perceptible en la vida cotidiana de millones de personas. Tal vez ahí yace uno de los grandes nudos de la disciplina jurídica en general, y de la judicatura en particular: ningún cambio institucional, por más profundo que sea, se traduce en mejoras o desaciertos inmediatos para quienes requieren del sistema de justicia.
De ahí que sea difícil sostener posiciones extremas dado el balance actual. El modelo democrático-constitucional que México aspiró a consolidar durante su transición mantiene una serie de tensiones estructurales que no desaparecen sólo porque el régimen político en turno decida reconfigurar el tejido institucional previo. Por más esfuerzos del morenismo por transformar las lógicas de la judicatura resisten virtudes que no son fáciles de desmontar, como también subsisten déficits y patologías históricas que ningún rediseño ha resuelto en el corto plazo.
Agregar a favoritos 