La relación comercial entre México y Estados Unidos sumó un nuevo punto de tensión luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) concluyera una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y propusiera la imposición de aranceles adicionales a productos provenientes de 60 economías, entre ellas México.
El anuncio fue realizado el 2 de junio por la USTR, que determinó que México, junto con Canadá, la Unión Europea, Indonesia, Ecuador y Pakistán, no ha aplicado de manera suficientemente efectiva las medidas para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzado. Según el gobierno estadounidense, esta situación genera condiciones de competencia desleal para los trabajadores y empresas de Estados Unidos.
Como resultado de esta determinación, la administración estadounidense propuso establecer un arancel adicional de 10% a los productos procedentes de aquellos países que cuentan con mecanismos para prohibir bienes vinculados al trabajo forzado, pero cuya aplicación considera insuficiente. La medida aún no es definitiva, ya que deberá pasar por un periodo de consultas públicas y audiencias programadas para julio.
Horas después del anuncio, la Secretaría de Economía de México emitió un posicionamiento para aclarar el alcance de la propuesta estadounidense. La dependencia señaló que los aranceles planteados por Washington no contemplan a las mercancías que cumplan con las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que la mayor parte del comercio bilateral permanecería protegida.
El gobierno mexicano destacó que más del 85% de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos se realizan bajo las disposiciones del T-MEC, por lo que quedarían excluidas de la medida propuesta. Asimismo, informó que iniciará consultas formales con las autoridades comerciales estadounidenses durante las próximas semanas para presentar evidencia de las acciones emprendidas por México en materia de combate al trabajo forzado y cumplimiento de compromisos laborales internacionales.
La investigación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para reforzar su política comercial y presionar a sus socios comerciales a fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre cadenas de suministro y condiciones laborales. Además de México, la propuesta alcanza a países como China, India, Japón, Reino Unido, Brasil y Corea del Sur, entre otros.
El episodio ocurre a pocas semanas del inicio formal de las discusiones para la revisión del T-MEC, proceso en el que temas como reglas de origen, seguridad económica, comercio regional y cumplimiento laboral se perfilan como algunos de los asuntos más sensibles de la agenda bilateral.
Accede al informe de USTR aquí
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