Hechos: Una mujer trabajadora demandó la reinstalación por despido injustificado y la nulidad de cualquier documento que tuviera su firma con renuncia de derechos, señalando que fue obligada a signar documentos en blanco como condición para ser contratada. En su defensa, la patronal argumentó que la relación laboral por tiempo determinado concluyó de forma voluntaria y para acreditarlo ofreció un escrito de renuncia firmado por la actora, cuya autoría fue acreditada mediante prueba pericial.
La junta responsable consideró válida la renuncia y declaró improcedente la acción de despido
injustificado. Inconforme, la persona trabajadora promovió amparo directo, alegando la indebida
valoración del escrito de renuncia.
Criterio Jurídico: Cuando en un juicio laboral una mujer trabajadora afirma desde su demanda que suscribió la renuncia bajo coacción psicológica o emocional, el órgano jurisdiccional debe analizar la validez de dicho acto jurídico conforme al método de juzgar con perspectiva de género. Si se advierte una situación de desigualdad o vulnerabilidad por razones de género que actualice una relación asimétrica de poder, corresponderá a la parte patronal aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la coacción y demostrar que la manifestación de voluntad fue libre y espontánea.
Justificación: El análisis del escrito de renuncia no puede limitarse a su existencia formal, sino que debe extenderse a verificar si en su emisión concurrieron vicios del consentimiento, particularmente cuando una mujer trabajadora alega haber sido objeto de violencia psicológica o emocional.
En ese supuesto, la persona juzgadora debe aplicar el método de juzgar con perspectiva de género, derivado de los artículos 1o. y 4o. constitucionales, y 1 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, para identificar si existe una situación estructural de desigualdad o vulnerabilidad por razones de género que genere una relación asimétrica de poder. Asimismo, el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia laboral, entre otros supuestos, la negativa a respetar la permanencia de la mujer en el trabajo, las amenazas y las humillaciones.
Imponer a la trabajadora la carga de probar la coacción ejercida sobre ella al momento de suscribir la renuncia implicaría colocarla en una situación de desventaja procesal, contraria al principio de igualdad sustantiva.
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