Verónica Gascón

En la revisión del T-MEC se solicitó reforzar las medidas que eviten violaciones labores, como prohibir que cierren o se muevan a otra entidad aquellas empresas que estén bajo investigación por quejas en el tema.

Así lo consideró el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) en la consulta abierta por la Secretaría de Economía (SE).

El CILAS ha asesorado a sindicatos para el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, como en el caso de General Motors (GM) en Silao y el reciente de la empresa Yaza.

En su propuesta con miras a la revisión del T-MEC, advirtió que se debe poner atención en lo que hacen las empresas que son investigadas por violar los derechos laborales.

“Debe haber una prohibición del cierre y movilidad de empresas bajo investigación por casos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y, en caso de ser sancionada, por al menos dos años después de la implementación del Mecanismo de Remedición. Esto permitiría ampliar el rango de efectividad del Mecanismo”, señaló CILAS.

Recordó que Manufacturas VU, fue investigada bajo el Mecanismo que considera el Tratado, pero cerró sus operaciones antes de indemnizar a los trabajadores afectados. La empresa Yaza también emitió una amenaza en el sentido de suspender su producción.

Por lo anterior, CILAS recomendó la elaboración de un protocolo para formular planes de remedición, que se aplicarían en centros de trabajo donde no se haya respetado el derecho a la negociación colectiva.

Solicitó también cláusulas obligatorias en estos acuerdos de reparación, que aborden la indemnización por daños y perjuicios para las personas y los sindicatos que demuestren la denegación de derechos.

“En paralelo a los trabajos propiamente de la revisión del Tratado, es urgente que el Estado mexicano tome medidas que defiendan las fuentes de trabajo, no solo de cierres totales de plantas, sino de despidos escalonados que aligeran el impacto público, pero eventualmente puede tener los mismos impactos económicos y sociales”, advirtió.

CILAS afirmó que aunque la Reforma Laboral del 2019 fue un avance significativo, después de cinco años de implementación, existen aún importantes áreas de mejora.

Por ello propuso el diseño e implementación de algún tipo de “Mecanismo de Respuesta Rápida” mexicano, a fin de acelerar los tiempos para la resolución de violaciones a la libertad sindical en casos como disputas por titularidad o despidos por causas atribuibles al ejercicio de la libertad sindical.

“Esto implicaría, entre otras cosas, dotar de mayores facultades y capacidad operativa a instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, consideró.

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