Brasil incluyó a la automotriz china BYD en su registro oficial de empleadores vinculados a condiciones laborales equiparables a la esclavitud, tras el escándalo destapado en 2024 por presuntos abusos contra trabajadores migrantes. La decisión, anunciada por el Ministerio de Trabajo, representa un golpe reputacional para la compañía en uno de sus mercados más relevantes fuera de China, aunque no compromete la operación de su planta en el país.
La incorporación a esta lista también limita el acceso de la empresa a ciertos esquemas de financiamiento con la banca brasileña. No obstante, la fábrica —construida con apoyo de trabajadores extranjeros— continúa en funcionamiento y ha mantenido su ritmo de producción.
El caso se originó a partir de denuncias contra Jinjiang Group, firma contratista encargada de reclutar a 163 trabajadores chinos. De acuerdo con investigaciones oficiales, los empleados habrían sido sometidos a prácticas como la retención de pasaportes, transferencias obligatorias de salario hacia China y pagos iniciales condicionados a la permanencia laboral. Inspecciones en sitio documentaron además condiciones de vivienda precarias, con hacinamiento y falta de servicios básicos, calificadas por autoridades como “degradantes”.
Aunque BYD ha sostenido que desconocía las irregularidades hasta su difusión en medios, el gobierno brasileño ha subrayado que la empresa es responsable de supervisar a sus contratistas y garantizar condiciones laborales adecuadas.
El episodio generó reacciones a nivel internacional y provocó retrasos en la construcción de la planta. Pese a ello, en octubre pasado el presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en su inauguración, reflejando la relevancia estratégica de la inversión china en Brasil. Desde entonces, la instalación ha producido más de 25 mil vehículos.
La legislación brasileña establece que las empresas pueden evitar su inclusión en este registro si alcanzan acuerdos con autoridades laborales que contemplen la reparación del daño y la corrección de prácticas. En este caso, si bien BYD firmó un acuerdo con fiscales laborales, no lo hizo con los inspectores responsables del proceso, lo que derivó en su incorporación definitiva a la lista, donde permanecerá por un periodo de hasta dos años, salvo resolución judicial en contrario.
Foto: Motor.es
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