La huelga en el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en uno de los conflictos laborales más prolongados y complejos en este 2026. A más de siete meses de haber estallado —el 1 de octubre de 2025—, el diferendo entre la administración y el sindicato continúa sin solución, con más de 300 sucursales cerradas y afectaciones tanto a trabajadores como a usuarios.
STPS interviene
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió recientemente un llamado público para destrabar el conflicto. Planteó que la solución debe alcanzarse mediante diálogo, legalidad y mecanismos democráticos, reconociendo que las negociaciones están en un “punto muerto”.
Como parte de esta ruta, la STPS propuso la elaboración de un dictamen por parte de la autoridad laboral, el cual sería sometido a votación directa, libre y secreta de los trabajadores, con el objetivo de que sean ellos quienes decidan si aceptan o no la solución al conflicto.
Además, la Secretaría advirtió que, en caso de no prosperar esta vía, ambas partes deberán presentar propuestas concretas o continuar el proceso por la vía judicial.
Posición del Nacional Monte de Piedad
Por su parte, la institución ha reiterado su respaldo a una solución a través de las autoridades laborales federales y ha sostenido que:
- Ha presentado múltiples propuestas formales de solución, mismas que han sido rechazadas por la dirigencia sindical.
- Busca que la resolución se dé dentro del marco institucional y conforme a derecho.
- Defiende que ha actuado con apego al contrato colectivo y a la legalidad.
¿Qué ha dicho el sindicato?
El sindicato sí ha fijado postura pública reciente y no ha sido conciliadora frente a la propuesta de la STPS.
- Rechazó la vía de arbitraje o imposición de una solución externa, señalando que no aceptará un dictamen que no respete el contrato colectivo.
- Ha insistido en que el conflicto deriva de violaciones al contrato colectivo, condiciones laborales y control de plazas, incluyendo el esquema de “boletinación”.
- También ha mantenido la huelga pese a resoluciones judiciales adversas (como la declaratoria de inexistencia), al haber interpuesto recursos legales para sostener el movimiento.
Incluso, el liderazgo sindical ha planteado que, si se respetan ciertas cláusulas contractuales, las sucursales podrían reabrir de inmediato, lo que evidencia que el punto central del conflicto sigue siendo el contrato colectivo.
El caso sigue entrampado y mientras tanto, el paro continúa sin una fecha clara de resolución, prolongando la incertidumbre para trabajadores, clientes y autoridades.
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