La polémica por trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presuntamente utilizaron oficinas institucionales y tiempo laboral para grabar videos de TikTok promocionando productos no sólo abre un debate político o mediático; también plantea preguntas relevantes desde el derecho laboral y la gestión de recursos humanos.
Más allá de la aparente trivialidad del hecho, el episodio refleja una tensión creciente del mundo del trabajo: la frontera cada vez más difusa entre la identidad profesional y la actividad digital personal. En un entorno donde monetizar contenido o construir presencia en redes sociales se ha vuelto común, persiste un principio básico de cualquier relación laboral: durante la jornada, el trabajador debe destinar tiempo, recursos y atención a las funciones para las que fue contratado.
Desde una óptica laboral, el caso puede implicar tres riesgos: el posible incumplimiento de obligaciones laborales, el uso indebido de instalaciones y recursos del empleador para fines ajenos al trabajo y un eventual daño reputacional a la institución. En el sector público, además, estos temas se cruzan con deberes de ética, responsabilidad y preservación de la imagen institucional.
La lección para las organizaciones es clara: muchas políticas laborales siguen siendo insuficientes frente a la era de TikTok, influencers y monetización digital. El reto ya no es prohibir indiscriminadamente, sino establecer reglas claras sobre grabaciones, uso de espacios, redes sociales y reputación corporativa.
El problema de fondo no es TikTok; es la ausencia de gobernanza laboral para un mundo hiperconectado.
Foto: MSN
Agregar a favoritos