La implementación de la reforma laboral para plataformas digitales abrió un nuevo frente de disputa entre empresas de aplicaciones y trabajadores. En el centro de la controversia se encuentra el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), prestación que algunos repartidores comenzaron a recibir este año, mientras que otros permanecen en la incertidumbre.
De acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), la empresa Uber informó que no realizará el pago de utilidades correspondiente a este ejercicio fiscal, argumentando que la razón social bajo la cual actualmente tiene registrados a sus trabajadores es de reciente creación y, por lo tanto, estaría exenta de esta obligación durante su primer año de operaciones, conforme a una disposición de la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, para la organización sindical esta postura debe ser revisada por las autoridades laborales. Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA, señaló que el fondo del conflicto consiste en determinar si la creación de nuevas entidades jurídicas para adaptarse a la reforma laboral puede utilizarse para desconocer derechos laborales generados por una actividad económica que lleva años operando en México.
Mientras Uber sostiene que no está obligada a repartir utilidades en este ejercicio, otras plataformas han adoptado posturas distintas. Según la UNTA, Rappi inició la dispersión de este beneficio entre repartidores que cumplen con los requisitos legales, mientras que DiDi no ha definido públicamente si realizará o no el pago.
Guerrero afirmó que las utilidades forman parte de los derechos que derivan del reconocimiento de la relación laboral entre plataformas y trabajadores, un proceso que comenzó con la reciente reforma en materia de trabajo digital. El dirigente ha sostenido que las empresas deben asumir las obligaciones que acompañan dicho reconocimiento, entre ellas el acceso a prestaciones laborales y de seguridad social.
Especialistas en derecho laboral consideran que el caso podría sentar un precedente relevante para la economía de plataformas en México. La resolución que adopte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será clave para definir si las reestructuras corporativas pueden modificar las obligaciones patronales frente a trabajadores que han generado valor para empresas con presencia consolidada en el país.
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