En Jalisco, la informalidad no solo vive en changarros y en la calle: una de cada cinco personas que laboran informalmente lo hace dentro de empresas, gobiernos e instituciones formales.

Con base en la matriz Hussmanns de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, al primer trimestre de 2026, de 1 millón 113 mil 79 jaliscienses en la informalidad, 249 mil 200 —el 22.4 por ciento— están empleados en unidades económicas formales. Otro 15.5 por ciento se concentra en el agro, donde la mayoría trabaja sin contrato ni seguridad social. En conjunto, casi 38 por ciento de la informalidad estatal se ubica en organizaciones formales o en el campo, un patrón que se repite a escala nacional.

Para Mireya Pasillas Torres, economista y académica de la Escuela de Negocios del ITESO, la informalidad “no se limita al autoempleo o al sector informal, sino que se extiende incluso dentro de empresas formalmente constituidas y del mismo gobierno”.

La mayoría, explicó, son asalariados que deberían estar protegidos por la ley, pero quedan fuera de la seguridad social.

La académica atribuyó esto a esquemas por honorarios, outsourcing encubierto y contratos temporales renovados indefinidamente.

“Algo está fallando estructuralmente entre formalidad empresarial y formalidad laboral”, apuntó.

Por ello, planteó, se requiere una reforma de fondo, no solo programas para formalizar micronegocios, que coloque la justicia social en el centro y fortalezca la fiscalización sobre empresas e instituciones para que la formalidad se traduzca en derechos para toda la plantilla.

Labora para formales el 22% de informales

El trabajo informal, que realizan personas que laboran sin las garantías ni prestaciones de ley ya sea porque el negocio para el que trabajan no paga los impuestos que deberían o porque —aun laborando para un negocio formal— no están inscritas en el sistema de seguridad social, en Jalisco no se da sólo en los changarros y en la calle: una parte importante se genera en empresas, gobiernos e instituciones formales.

Con base en la matriz Hussmanns de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, al primer trimestre del 2026, de 1 millón 113 mil 79 personas que laboran en la informalidad en Jalisco, 249 mil 200 —equivalentes al 22.4 por ciento— están empleadas en empresas, dependencias públicas y otras instituciones que operan en la formalidad, es decir, una de cada cinco trabajadores informales depende de un patrón formal.

Al mismo tiempo, 15.5 por ciento de la población ocupada informal se concentra en el ámbito agropecuario, donde la mayoría de las personas trabaja sin contrato ni afiliación a la seguridad social.

En conjunto, casi 38 por ciento de la informalidad del Estado se ubica ya sea en organizaciones formales o en el campo, lo que rompe con la idea de que la informalidad es un fenómeno acotado a la economía de supervivencia.

A escala nacional se observa un patrón similar. Más de la mitad de las personas ocupadas del País está empleada en empresas, gobiernos e instituciones, y casi toda la ocupación formal se concentra ahí, mientras que millones de trabajadores en la informalidad también se ubican dentro de unidades formales o en el sector agropecuario.

Las cifras confirman que la informalidad no es un problema marginal ni exclusivo de los micronegocios sin registro: está incrustada en el corazón del aparato productivo y en actividades estratégicas como la agricultura.

Para Mireya Pasillas Torres, economista y académica de la Escuela de Negocios del ITESO, la informalidad laboral en México “es un fenómeno que no se limita al autoempleo o al sector informal, sino que se extiende incluso dentro de empresas formalmente constituidas y del mismo gobierno”.

La académica explicó que la matriz Hussmanns permite ver que la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad no son necesariamente comerciantes en pequeño o trabajadores por cuenta propia, sino asalariadas que deberían estar protegidas por la ley laboral, pero que se encuentran fuera de los esquemas de seguridad social.

En Jalisco, subrayó, esto incluye tanto a quienes laboran en negocios pequeños como a quienes lo hacen en grandes empresas o en dependencias públicas, lo que desmonta la idea de que la precariedad está confinada a la economía de baja escala.

De acuerdo con su análisis, una parte importante de esta informalidad “desde dentro” se sostiene en prácticas de contratación que eluden deliberadamente la seguridad social: esquemas por honorarios, outsourcing encubierto, contratos temporales que se renuevan de manera indefinida o la simple decisión de no afiliar al trabajador.

Estos mecanismos permiten a las empresas y a las instituciones reducir costos laborales en el corto plazo, pero trasladan todos los riesgos a las personas trabajadoras, que quedan sin protección frente a enfermedad, vejez o desempleo.
“Algo está fallando estructuralmente en el vínculo entre formalidad empresarial y formalidad laboral”, apuntó la economista.

Respuesta estructural
Si una parte relevante de la informalidad está adentro de empresas, gobiernos e instituciones, agregó Pasillas, no basta con políticas que intentan formalizar micronegocios o apoyar el registro de trabajadores por cuenta propia.

“La informalidad laboral exige una respuesta estructural que no se limite a medidas compensatorias o programas focalizados”, planteó Pasillas.

Para la académica enfrentar el problema requiere una reforma de fondo que coloque la justicia social en el centro del modelo laboral. Esa reforma tendría que reconocer las múltiples formas de inserción laboral —asalariada, por cuenta propia, en el campo o en el hogar— y garantizar que para todas ellas se respeten derechos básicos.

También implica revisar incentivos y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre empresas, gobiernos e instituciones, de manera que la formalidad empresarial se traduzca efectivamente en formalidad laboral para toda la plantilla, y no sólo para una parte.

Es el agro eslabón crítico
El campo es un eslabón crítico en la informalidad laboral, señaló Mireya Pasillas Torres, economista y académica de la Escuela de Negocios del ITESO.

En el ámbito agropecuario, recordó, la mayoría de las personas ocupadas trabaja sin contrato y sin afiliación a la seguridad social, aun cuando participa en cadenas productivas que generan valor para mercados nacionales e internacionales.

Jornaleros y trabajadores rurales sostienen la actividad agrícola bajo condiciones de alta precariedad, con escasa vigilancia de la autoridad y sin un esquema de protección social adaptado a la realidad del trabajo en el campo.

“La informalidad en el campo no es sólo tolerada, sino funcional al modelo productivo dominante, y se perpetúa por la ausencia de vigilancia laboral y de un esquema eficaz de protección social rural”, señaló.

Foto: El Diario NTR