Elena San José
El respaldo a la reforma judicial le ha costado a la CONATRIB ―la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos―, la expulsión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), una organización que promueve la independencia judicial y alerta sobre las medidas que suponen una amenaza a ese principio. La elección popular de jueces y magistrados en México, que sustituyó de un plumazo a la mitad de la judicatura, a la espera del turno de la otra mitad, encendió las alarmas en la UIM desde que la idea comenzó a esbozarse. Este fin de semana, las reticencias hacia el nuevo modelo han llevado a eliminar a la delegación mexicana del organismo, que había mostrado su apoyo a la reforma gubernamental en junio de 2024.
El presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, quien es también el poderoso presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, afirmó en un encuentro en el Congreso que era indispensable reformar el poder judicial y que la judicatura no podía mantenerse ajena a ese impulso social. “A nuestra generación corresponde la gran responsabilidad de la transformación”, refirió entonces. Ese pronunciamiento fue muy mal recibido dentro de la organización, que ha estudiado desde entonces si debían o no mantener a la CONATRIB en sus filas.
La UIM ya tuvo un primer posicionamiento ese mismo verano, en agosto, conminando a las autoridades mexicanas a reconsiderar el “plan de reforma”. Este sábado, en la nueva asamblea anual, invitó a Rafael Guerra a justificar el respaldo, pero su respuesta no satisfizo a la apabullante mayoría de miembros. La expulsión cosechó el voto a favor de 53 integrantes, 13 en contra y cuatro se abstuvieron. “Él defendió que prefería dialogar antes que enfrentarse, pero no respondió nada en relación al comunicado que presentó en apoyo a la reforma constitucional. Nosotros somos partidarios del diálogo, pero hay ciertos principios que son irrenunciables. No se es un poquitito independiente y un poquitito, no. Se es, o no se es”, explica a EL PAÍS el juez argentino Marcello Gallo, secretario general del grupo iberoamericano al interior de la UIM. “No argumentó nada que nos resultara convincente”, agrega el togado. Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de Guerra, sin respuesta al momento de esta publicación.
Marcello Gallo era presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) cuando se les presentó la misma discusión tiempo atrás y en aquella ocasión se optó por una medida “salomónica”. En lugar de expulsar a la CONATRIB, decidieron incluir también a la JUFED, la organización mexicana que agrupa a los jueces de carrera, de tal forma que al menos hubiera otra representación del país con una visión distinta. Esta solución no es posible en la UIM, que acepta una única delegación por país (hoy son 92), por lo que la decisión ha sido drástica. El magistrado es claro: no solo emitió aquel comunicado sino que “no mostró que haya hecho nada en favor de la independencia judicial”. La salida de la CONATRIB allana el terreno para que la JUFED solicite su entrada.
El proyecto estrella del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto un cisma dentro del poder judicial mexicano. La mitad de los jueces en activo fueron elegidos en las urnas en 2025, mientras que la otra mitad cuenta sus días finales, a la espera de la convocatoria electoral de 2028. La situación ha tensado sobremanera la relación entre compañeros el último año, pues la reforma no ha logrado ahuyentar los recelos hacia la preparación de los jueces electos. Uno de los principales problemas para la UIM, especifica Gallo, es que en todo caso la reforma debería haberse aplicado a los futuros jueces, es decir, que se hubieran llenado las nuevas vacantes mediante el nuevo mecanismo, sin expulsar de plano a quienes entraron bajo el sistema anterior. “Es una destitución encubierta”, apunta. Tras la celebración de la primera convocatoria, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también desaconsejó replicar este modelo.
Este no es solo otro golpe al prestigio del gran proyecto morenista de los últimos dos años, sino que es un varapalo también para Rafael Guerra, quien encadena su tercer y polémico mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy cercano a López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el magistrado dio el salto a la presidencia del TSJ en 2018, el mismo año en el que Morena se hizo con el poder federal, y ha seguido ahí desde entonces, tras intentar sin éxito contender en las urnas por un cargo de ministro en la Suprema Corte. No logró pasar el primer filtro de los seleccionadores, que era tener un promedio superior a 8, por lo que se quedó en su cargo.
La reforma judicial obligaba a llevar a las urnas la mitad de los puestos judiciales, pero la magistrada Celia Marín, quien compitió contra él en la última elección del TSJ, el pasado año, dijo a este periódico que Guerra no había respetado la proporción y había puesto en juego menos cargos. Una forma, argumentaba, de asegurarse la mayoría con la que contaba en el interior del tribunal. En 2028, será la propia presidencia la que entre a competir por el respaldo popular, junto con el resto de cargos pendientes. Salvo que algún Estado retrase su cita, para entonces no quedará ningún juez de carrera dentro del poder judicial mexicano, que habrá terminado el periodo de transición y tendrá, más que nunca, todos los ojos encima.
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