La operación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se ve afectada por la falta de personal y de recursos, a pesar de que ya no recibe casos nuevos desde 2022 y está dedicada a abatir el rezago de expedientes.
Esta situación afecta a personas que fueron despedidas de manera injustificada, o que presentaron juicios administrativos en contra de Pemex, Afores y el IMSS.
La misma Junta admitió que enfrenta escenarios críticos que, de no atenderse, podrían comprometer su eficacia.
El problema es que tiene expedientes de casos que datan del 2012 o anteriores, por lo que se anticipa que no terminaría con el trabajo pendiente en el año 2030, como se tenía previsto.
La Junta tiene un rezago de 278 mil expedientes y de estos seis de cada 10 asuntos están en etapa de instrucción o dictamen, o sea están pendiente de emitirse una sentencia.
“Están detenidos en esta etapa y esas sentencias, cuando salgan, van a poder ser impugnadas por las partes y mientras se impugnan, van a seguir vivos esos juicios”, comentó Jorge Sales, abogado laboral.
Dijo que, aunado a esto, en el proceso del cierre de las juntas para dar paso a los centros de conciliación, se ha dado reducción de personal por jubilaciones o renuncias. Además de recorte de recursos.
Como resultado de la reforma laboral, las juntas de conciliación desaparecieron para dar paso a los centros de conciliación. Según la STPS, la Junta tenía un saldo de 543 mil 511 asuntos pendientes cuando arrancó el nuevo modelo de justicia laboral.
“La JFCA podría enfrentar mayores recortes presupuestales bajo el argumento de que su desaparición reduce sus necesidades. Sin embargo, esta medida sería contraproducente, ya que dificultaría el pago de liquidaciones, la conclusión de expedientes y el cumplimiento del Plan de Trabajo JFCA 2025—2030”, señaló la Junta en el documento “Plan de trabajo 2025-2030”, publicado el 1 de octubre de 2026.
La Junta Federal admitió que también existe la oposición interna del personal frente a medidas como la supresión de Juntas Especiales o los cambios en condiciones laborales.
La resistencia puede traducirse en baja productividad intencional, filtración de información o incluso obstaculización de labores y de ajustes administrativos, expuso la Junta Federal.
“Resulta preocupante que, a más de cuatro años de que las Juntas dejaron de recibir nuevas demandas ordinarias, todavía existan cientos de miles de juicios pendientes de conclusión.
“Las principales causas son la insuficiencia de personal y recursos, los constantes diferimientos de audiencias, las deficiencias en las notificaciones, la complejidad del procedimiento tradicional y la desmotivación del personal que ahí labora y las dificultades para ejecutar los laudos”, opinó Óscar de la Vega, del despacho De la Vega & Martínez.
Añadió que la reforma laboral de 2019 dejó sin resolver el problema de los expedientes acumulados bajo el modelo anterior.
Cabe aclarar que el 77 por ciento de los expedientes atrasados se encuentran en Ciudad de México, Coatzacoalcos, Veracruz, y Villahermosa Tabasco.
“No podemos hablar de una justicia laboral moderna mientras miles de trabajadores y empleadores continúen esperando durante años una resolución definitiva de sus controversias”, consideró De la Vega.
Otro desafío, tiene que ver con la complejidad de los expedientes rezagados, la propia junta los describe como voluminosos y con múltiples actores o aspectos técnicos complejos.
“Estos factores incrementan los tiempos de tramitación y limitan la capacidad de cumplir plazos acelerados. Para ello, se prevé la conformación de grupos especializados de atención a expedientes complejos, con personal capacitado en materias técnicas, que permitan reducir los tiempos de resolución y dar certidumbre a las partes”, dijo la JFCA.
Por otro lado, la Junta consideró que la sobrecarga de peritos oficiales y las tácticas dilatorias de las partes afectan la eficiencia del proceso.
La Junta Federal reconoce el riesgo de intereses creados y prácticas de corrupción orientadas a lucrar con el rezago histórico, desde despachos que especulan con laudos hasta funcionarios posiblemente coludidos en prácticas indebidas.
Germán de la Garza, afirmó que en su despacho han tenido casos que datan del 2009 y admitió que, si la Junta sigue a este ritmo, necesitarán tiempo extra para resolver los asuntos pendientes.

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