Desde el 2018 diferentes partidos políticos han presentado diversas iniciativas de ley en materia del salario mínimo, todas respecto al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.
Con 428 votos a favor, el 10 de diciembre del 2020 se aprobó el dictamen en el Senado que reforma y adiciona el artículo 90 de la LFT; el día 14 de diciembre del mismo año, se dio cuenta a la Cámara de Diputados y ésta turnó la Minuta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El argumento más relevante esgrimido en esta iniciativa es que: “No solo es suficiente con que se establezca un mínimo para el salario de las y los trabajadores, sino además debe ser suficiente para que puedan satisfacer sus necesidades mínimas, como son los considerados en la canasta básica, los cuáles son necesarios para su subsistencia y su familia, por lo que resulta contradictorio que no se tome en cuenta el aumento del índice inflacionario de cada año para que se ajuste dicho salario mínimo a esos parámetros.
La Cámara de Diputados aceptó en el dictamen que el salario mínimo difícilmente alcanza para acceder a muchos derechos y servicios. Este ingreso se ha encontrado abajo del nivel inflacionario desde 1980, lo cual ha impactado directamente la canasta básica y el acceso a muchos más servicios. Lo que busca primordialmente esta reforma es un salario competitivo, fuerte, digno y suficiente, y que nunca esté por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Además del aspecto económico, la reforma se acompaña de términos que sean más incluyentes como lo es “persona trabajadora”, “una o un jefe de familia”, “de las y los hijos”, que estos constituyen avances en el reconocimiento de la igualdad de género.
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