Por: Rita Magaña
Periódico Ovaciones, p.4

La diputada de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, impulsa una propuesta para prohibir a patrones exigir u obligar a trabajadores a firmar algún documento en blanco, condicionando para su contratación, o en cualquier momento de la relación laboral.

Además, agregó, cualquier otro medio que implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador.

Con reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código fenal Federal, queda prohibido a los patrones negarse a proporcionarles un ejemplar de las condiciones de trabajo que se hayan firmado.

La propuesta de reforma equipara la firma de dichos documentos a la falsificación de documentos privados y establece que se impondrá sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El documento menciona que en caso de que el trabajador sea obligado ala firma de algún documento de este tipo podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las autoridades en la materia para denunciar el hecho.

En la exposición de motivos se resalta la necesidad de combatir esta práctica reprobable que cometen los patrones en perjuicio de las y los trabajadores, así como salvaguardar, proteger y brindar certeza jurídica.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México enfrenta desafíos en el ámbito laboral, pues menos de la mitad de las mujeres en edad laboral tienen trabajo, lo que representa la segunda tasa más baja de todos los países de la OCDE, e inferior a la tasa de hombres activos en el mercado laboral, que es de 82 por ciento, señala.

Expone que este descuido generalizado a los derechos de las y los trabajadores ha tenido como consecuencia que los patrones o sus representantes lleven a cabo prácticas vejatorias donde se les exige y/o condiciona, para el acceso a un empleo, a la renuncia de derechos fundamentales.

Precisa que quienes más acuden a este tipo de prácticas son las empresas, más aún las menos reguladas y que guardan menos responsabilidades frente a las y los trabajadores y aquellas que continúan operando bajo el esquema de subcontratación (outsourcing), mismas que al día de hoy continúan al amparo de la ley.

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