El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que abroga la publicada el 5 de noviembre del 2018. Ésta tiene como objetivo lograr un equilibrio en el que la retribución de los funcionarios sea suficiente para brindar una vida digna a sus familias, así como salarios atractivos y justos de acuerdo a los perfiles calificados.

Por medio de esta Ley se establece el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo los principios de:  adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad que fungirán como marco rector para el establecimiento de la remuneración del trabajador.

También por medio de esta Ley se establece el Producto Interno Bruto (PIB) como referente para la determinación de la percepción anual máxima de un funcionario, así como su responsabilidad jerárquica; la cuál constituye el tope un máximo para el pago del resto de los funcionarios.

Así que por este medio se frenará la práctica discrecional de conceder que algunos servidores públicos tengan alguna percepción por encima de sus superiores jerárquico. Es decir, lo que establece el artículo noveno de esta Ley, es que ningún funcionario público recibirá una remuneración igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República.

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