Un grupo de dirigentes republicanos calificaron en días pasados de “inconstitucional” la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden que obliga a los empleados federales y a los contratistas que negocien con el Gobierno a vacunarse, medidas que afectarían a 100 millones de personas, entre empleados públicos y privados. Los conservadores ya han amenazado con demandar a la Administración ya que consideran un atentado contra las libertades individuales. -“Adelante”-, respondió ayer el mandatario en tono desafiante. La instrucción que exige a las empresas con más de 100 trabajadores de inmunizar a la plantilla o someterla a análisis semanales, ha provocado el mayor malestar entre los críticos de la nueva estrategia de vacunación para contener los brotes de COVID-19 debido a la variante delta.
La resaca del agresivo plan anunciado el jueves por Biden ha estado marcada por las críticas del núcleo republicano. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su Estado “está trabajando para detener esta toma de poder” que supone “un asalto a las empresas privadas”; por su parte el gobernador de Wyoming, Mark Gordon, advirtió al fiscal general estatal de que se prepare “para tomar todas las medidas” necesarias para bloquear la “extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo de esta Administración”. En la misma línea, el gobernador Brian Kemp, de Georgia, se comprometió a poner en práctica “todas las opciones legales disponibles” para frenar “esta extralimitación descaradamente ilegal”.
De las múltiples medidas anunciadas por la Administración Biden, la que ha generado mayor malestar entre los republicanos es la que obliga a las empresas con más de 100 empleados a realizar pruebas de COVID-19 semanalmente a sus trabajadores, una orden que afectará a 80 millones de personas. La normativa se promulgará a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y conlleva multas de hasta 14.000 dólares en caso de incumplimiento, según un empleado de la Administración citado por AP. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, también tildó de “inconstitucionales” las nuevas directrices y adelantó que su comité va a demandar al Gobierno “para proteger a los estadounidenses y sus libertades”.
Mientras tanto en México la discusión se centra en la libertad de vacunarse o no y limita a los patrones a aplicar pruebas aleatorias a sus trabajadores con cargo al mismo empleador, además de que se sigue con un proceso lento de vacunación universal.
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