En medio de la polémica sobre la obligatoriedad de la vacuna para volver a trabajar, hay muchas personas que son terreno fértil para la desinformación, esto aunado a que las plataformas de redes sociales, a salvo de toda responsabilidad por lo que transmiten, han creado un modelo de negocios basado en maximizar el tiempo de conexión de los usuarios difundiendo información falsa (incluso con relación al COVID-19 y las vacunas).
Un Falso Debate.
Pero una parte esencial de la respuesta tiene que ver con un enorme malentendido en relación con la libertad individual, un argumento habitual de quienes se niegan a usar cubrebocas o a mantener el distanciamiento social es que supone una limitación de su libertad. Pero la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, ya que al negarse a usar mascarilla o vacunarse, provoca que otras se contagien de COVID-19, les están negando el derecho más fundamental, la vida misma.
La esencia del asunto es que hay grandes externalidades: en una pandemia, las acciones de una persona afectan al bienestar de otras. Y allí donde existen esas externalidades, el bienestar de la sociedad exige acción colectiva, regular para restringir conductas socialmente perjudiciales y promover conductas socialmente benéficas.
Toda sociedad ordenada implica restricciones. Prohibiciones como las de matar, robar, etc., restringen la libertad individual, pero es evidente que una sociedad no puede funcionar sin ellas. En el mundo post COIVD, tal vez haya que interpretar que los diez mandamientos incluyen: “No matarás, y tampoco lo harás transmitiendo enfermedades contagiosas cuando puedas evitarlo” y del mismo modo, “Te vacunarás”.
Cualquier limitación de la libertad individual por el hecho de exigir la aplicación de vacunas seguras y muy eficaces contra la pandemia, es nada en comparación con los beneficios sociales (y los consiguientes beneficios económicos) de la salud pública. Que todas las personas deben vacunarse (con algunas excepciones limitadas por razones médicas) es más que evidente y ya que muchos gobiernos parecen demasiado temerosos de exigirlo, deben encargarse de ello empleadores, escuelas, organizaciones sociales; cualquier ámbito de actividad organizada donde haya contacto entre personas.
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