El primer ministro Mario Draghi, que ha apostado firmemente por la medida —conocida como Green Pass en Italia— para apuntalar la recuperación económica, consiguió así capear su primer gran escollo. El Gobierno Italiano se ha mantenido firme en su postura y no ha cedido a las presiones de quienes pedían, entre otras cosas, retrasar la entrada en vigor de las restricciones, reducir el precio de las pruebas de detección de coronavirus o ampliar la validez de las mismas de dos a tres días, para abaratar el coste de esta opción.
El salvoconducto sanitario resulta cada vez más imprescindible para la vida diaria en Italia y, para ello, es necesario estar vacunado, haber superado la infección recientemente o dar negativo en una prueba con validez de 48 horas. Hacerlo obligatorio para acceder al puesto de trabajo es en la práctica un modo de empujar a todo el mundo a vacunarse, ya que la opción de realizarse pruebas de coronavirus para conseguir el salvoconducto sanitario, por su precio y su dinámica, no resulta realmente viable.
Agregar a favoritos