El Mandatario preside hoy sesión del órgano de las Naciones Unidas; advierten que pobreza y desigualdad pueden ser agravantes que detonen inestabilidad en naciones

Francisco Reséndiz y Alberto Morales | El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy al pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para plantear la atención sistemática a la pobreza, la exclusión y la desigualdad para evitar que se conviertan en agravantes de conflictos sociales que pueden afectar la estabilidad nacional, regional o internacional.

En un documento circulado por la Representación Permanente de México ante la ONU se destaca que el gobierno de México considera que el Estado de derecho es clave para romper el círculo vicioso de las deficiencias en materia de paz y desarrollo.

En la “nota conceptual” para el debate “Mantenimiento de la paz y la seguridad: exclusión, desigualdad y conflictos”, que preside este martes López Obrador en Nueva York, se advierte que el Consejo de Seguridad no ha logrado abordar las causas estructurales de los tipos de violencia que pueden convertirse en amenaza para la paz y la seguridad.

“Por ello, es esencial que las acciones del Consejo tengan en cuenta sistemáticamente el vínculo entre los conflictos y sus factores agravantes, como la pobreza y la desigualdad, que a menudo se pasan por alto. Esto también debe considerarse una prioridad desde la perspectiva de la labor de prevención de la ONU y la necesidad de mejorar la coordinación de sus principales órganos para evitar que los conflictos estallen, se repitan, se prolonguen o se extiendan”, apunta el anexo.

El documento fue preparado por México “para guiar las deliberaciones” de la sesión del Consejo de hoy, el cual subraya que si las necesidades humanitarias siguen aumentando hasta alcanzar niveles críticos el margen de maniobra de la comunidad internacional será cada vez menor.

En su punto número 4, pone énfasis en que las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y, en general, la vulneración del Estado de derecho, sumada a las incapacidades de Estados frágiles para proporcionar a sus poblaciones servicios básicos, crean un círculo vicioso de exclusión, desigualdad y conflicto.

Tras advertir que sin desarrollo no puede haber paz duradera y sin paz duradera no puede haber desarrollo, México señala que la marginación y exclusión de cualquier segmento de la población pueden tener graves consecuencias para la estabilidad nacional e internacional.

“Estas situaciones, sumadas a la falta de solidaridad, conducen a la ruptura del tejido social, lo que, a su vez, da lugar a la pobreza estructural. Esto se manifiesta en altos niveles de corrupción, falta de oportunidades de empleo, violaciones a los derechos y delitos como el blanqueo de dinero, entre otros”.

Aclara que no todas las personas afectadas por la pobreza recurren a la violencia, pero enfatiza que la exclusión social, política y económica puede exacerbar los conflictos o acelerar su estallido; “por lo que es imperativo aplicar un enfoque integrado, coherente y preventivo que abarque la paz, la seguridad y el desarrollo”.

Estado de derecho, clave para la paz

Para México, un orden internacional basado en el Estado de derecho es esencial para un mundo pacífico, próspero y justo, porque los avances en este rubro a nivel nacional e internacional son esenciales para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre, y la plena realización y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El enfoque, destaca el documento, no es que el Consejo aborde directamente la exclusión y la desigualdad a expensas de las atribuciones de otros órganos, organismos, fondos o programas, porque éstos deben mantener sus respectivos mandatos en materia de desarrollo.

Sin embargo, el Consejo debe analizar las oportunidades que ofrece el Estado de derecho, dentro de su propio mandato, como herramienta preventiva para revertir las tendencias de exclusión y desigualdad que desestabilizan a las sociedades.

Por ello el planteamiento es que el Consejo de Seguridad debe estudiar formas de reforzar el Estado de derecho como vehículo para la paz y el desarrollo.

Además, se proponen cinco preguntas orientativas para el debate: “¿Cómo puede el Consejo contribuir, dentro de su mandato, a romper el círculo vicioso de la exclusión, la desigualdad y el conflicto?, ¿hasta qué punto podrían las operaciones de paz o las misiones políticas especiales adoptar medidas preventivas para abordar los factores socioeconómicos desestabilizadores y colaborar con los coordinadores residentes para evitar conflictos armados?

“¿Cómo puede el Consejo reforzar la cooperación con los organismos de las Naciones Unidas para garantizar que los fondos destinados al desarrollo no se malversen a causa de la corrupción o por mala gestión? ¿Cómo puede el Consejo promover la participación de las mujeres y los jóvenes en la elaboración de estrategias inclusivas para abordar las causas fundamentales de los conflictos, como la falta de inclusión, la pobreza y la desigualdad? Y, ¿cómo puede reforzarse el Estado de derecho en los mandatos de mantenimiento de la paz y utilizarse como herramienta preventiva para el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible?”.

El debate abierto concluye con una declaración de la Presidencia del Consejo, que en noviembre corresponde a México.

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