CIUDAD DE MÉXICO. La iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México que busca dar seguridad social a los choferes y repartidores de apps también impulsa las negociaciones laborales a través de sindicatos.
La autoridad laboral promoverá la negociación colectiva entre personas trabajadoras de plataformas digitales y empleadores que administren plataformas y proporcionen servicios semejantes a los usuarios”, se lee en la propuesta del artículo 330-S.
María Xelhuantzi López, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que este proyecto de iniciativa, que Excélsior dio a conocer ayer, es un primer paso, pero señaló que debe “ser discutida y consensuada con todas las organizaciones y grupos interesados, no nada más con los que sean afines al gobierno”.
Sobre todo porque teme que se impulse a sindicatos que resulten en “instrumentos de control’’; desde el control político-electoral, control de salarios y de los derechos de los trabajadores.
Generalmente se convierten en comparsas, es muy probable que esos sindicatos digan que están de acuerdo con la iniciativa”, dijo.
La especialista mencionó a una de las organizaciones que consideró con esas características: “SIRA, Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicaciones, formado desde el poder, probablemente por autoridades federales, para operar en la CDMX y en buena medida para legitimar esta iniciativa de ley elaborada por las autoridades, sin la participación efectiva de los trabajadores”.
Saúl Gómez, líder de #NiUnRepartidorMenos, afirmó que la autoridad no tiene por qué “promover la negociación colectiva y esa redacción suena a que el gobierno de la ciudad se sentaría con las aplicaciones y les diría con qué sindicato de repartidores trabajar”.
Consultado al respecto, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad, José Luis Rodríguez, aseguró que “la iniciativa está pensada para otorgar beneficios como seguro social, vacaciones y aguinaldo a todos los repartidores”.
No está diseñada para beneficiar a un sector o a otro, simplemente las organizaciones que tienen más representatividad marcan la pauta en el análisis de los contratos colectivos”.
Víctor Manuel Sánchez, secretario general del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicios (Sicovese), expuso que la Secretaría quiere sacar “una reforma al vapor, sin sustento”.
Y agregó: “allí nos dijeron directamente. ‘la doctora ahorita tiene la posibilidad de que pase (la iniciativa) en el Congreso y tenemos que apurarnos’”, refiriéndose a la jefa de Gobierno.
Además, Sánchez señaló a otra organización que, a decir de él, es afín a la actual administración.
La secretaría quiere sacar la reforma con un sindicato que es controlado por el gobierno o al menos eso creemos: UNTA (Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones) y a las reuniones de trabajo, en lugar de ir un representante por cada organización, iban hasta diez personas por organización y le dijimos al secretario que no estábamos de acuerdo”.
En una reunión el lunes pasado en oficinas de la Secretaría del Trabajo había personas que “supuestamente eran de organizaciones como SIRA, Liberdeliveries y otros, pero en la minuta muchos firmaron como miembros del Observatorio Ciudadano”, narró Sánchez.
Por ello Sicoves, #NiUnRepartidorMenos, #NiUnaRepartidoraMenos y Motociclistas Unidos de la CDMX le enviaron un oficio al secretario en el que solicitan “que no se entregue al Congreso de la Ciudad de México la propuesta de ley”, pues consideran que hay irregularidades en las mesas de trabajo.
José Luis Rodríguez aseguró que ha habido “seis mesas de trabajo y nos hemos reunido con todas las organizaciones: con SIRA, #NiUnRepartidorMenos, UNTA y muchas organizaciones más, y también con las aplicaciones”, por lo que en breve, aseguró, Sheinbaum enviará la iniciativa al Congreso local.
VAN ANTE LA SCJN CONTRA 2% DE COBRO
Las organizaciones #NiUnRepartidorMenos, #NiUnaRepartidoraMenos, Motociclistas Unidos de la CDMX y Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicios presentaron un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el impuesto del 2 por ciento a las ganancias de las aplicaciones para las que trabajan, el cual quedó establecido en el Código Fiscal.
Nos amparamos contra el 2 por ciento, pues aún cuando el gobierno dio la cláusula de no traslado (a los repartidores), eso no nos lo asegura”, dijo Víctor Manuel Sánchez, secretario general de Sicovese.
El lunes Excélsior publicó que los repartidores han sufrido una reducción en el pago que reciben por entrega, lo que atribuyen al 2% que pagan las plataformas.
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