La Secretaría del Trabajo (STPS) rechazó que exista una crisis en las instancias laboralesque iniciaron operaciones en la primera y segunda etapa de la reforma laboral, tal como lo afirmó la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Grupo REFORMA publicó que un posicionamiento de la Barra Mexicana, firmado por su presidenta Claudia E. de Buen Unna, en el cual advertía que la falta de capacitación de personal, así como un bajo presupuesto, pone a las nuevas instancias de justicia laboral en una crisis en su operación.
“Es falso que las nuevas instituciones de justicia laboral de la primera y segunda etapa muestren una crisis igual o mayor a la que se pretende remediar“, señaló la STPS.
“En los 21 estados donde el nuevo modelo ya es una realidad, el 75 por ciento de los conflictos atendidos por los Centros de Conciliación federales y locales se resuelven mediante convenio en un promedio de 23 días, la mitad del plazo máximo que establece la Ley”, sostuvo.
También sostuvo que los asuntos que no son conciliables y pasan a manos de los tribunales laborales dependientes de los Poderes Judiciales se están resolviendo en un promedio de seis meses, lo cual contrasta con el tiempo que tomaban las Juntas de Conciliación y Arbitraje en emitir un laudo, y que en muchos casos superaban los 5 años.
Añadió que la implementación de la reforma laboral ha sido una prioridad para el Gobierno de México, ya que del año 2020 a la fecha se han invertido más de 10 mil millones de pesos para la operación de los nuevos Centros de Conciliación y Tribunales Laborales federales y locales Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla la asignación de más de 6 mil millones de pesos en recursos federales, incluyendo 860 millones de pesos en subsidios para las entidades federativas.
La Secretaría dijo que la capacitación y la profesionalización de los operadores del nuevo sistema de justicia laboral resulta fundamental.
“No sólo de las y los funcionarios responsables, sino de las y los abogados litigantes, que en muchos casos no están familiarizados con el nuevo procedimiento laboral oral y su inexperiencia genera suspensiones y diferimientos de audiencia, e incluso que el juez ordene su sustitución.
“Por ello, la Barra Mexicana y otras instituciones, colegios y facultades de derecho tienen la responsabilidad de asumir e impulsar la formación, certificación y capacitación de quienes tendrán la defensa en un juicio laboral”, consideró la dependencia.
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