El anteproyecto de la ley de familias, que pasará por el Consejo de Ministros el martes, recoge un amplio paquete de medidas de conciliación. Entre ellas, los trabajadores dispondrán de hasta nueve días de permisos remunerados para atender problemas graves en el núcleo familiar. Así, permite ausentarse del trabajo hasta cinco días para cuidar a familiares de hasta un segundo grado de consanguinidad (abuelos, nietos o hermanos) o convivientes que sufran una enfermedad grave o un accidente. También prevé que sea posible faltar al trabajo “por causa de fuerza mayor” debida a “motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”. En estas circunstancias, los trabajadores tendrán derecho a una retribución, como máximo, de las horas equivalentes a cuatro días de trabajo al año, de la forma en la que se regule en los convenios colectivos.
Además, incorpora novedades para las parejas de hecho: dispondrán, como disfrutan ya quienes contraen matrimonio, de 15 días libres cuando formalicen su situación. Se prevé crear un registro estatal de las parejas de hecho ya inscritas en las comunidades autónomas, entidades locales y las que se hayan formalizado a través de un documento público.
Aún quedan temas por negociar entre el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, y el resto de los ministerios, especialmente de armonización con otras normativas.
El borrador del anteproyecto, al que ha accedido EL PAÍS y que fue adelantado por Abc, detalla que uno de sus objetivos es la reducción de la pobreza infantil. Con este fin incluye medidas que benefician a todas las familias, como el desarrollo de “un marco estatal para acompañar en los primeros mil días de vida de los niños” y garantizar que “tengan condiciones mínimas de bienestar”. También prevé el apoyo a los hogares en la gestión de conflictos y promover “las actuaciones necesarias para que las personas, en particular las mujeres, no se vean obligadas a abandonar sus trabajos, ni sus carreras profesionales por razones de cuidado”.
Al margen de estos beneficios para todos los hogares, el borrador contempla ayudas para determinadas familias, como las vulnerables o las monoparentales. Para financiar todas las medidas, se prevé una inversión de 628 millones de euros.
Hasta ahora, solo se recogían dos días de permiso retribuido a los trabajadores por fallecimiento o enfermedad grave de parientes de hasta segundo grado. El anteproyecto fija un permiso remunerado de cinco días en los casos de “accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario” del cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (suegros…), o de cualquiera que conviva con el trabajador y requiera de su cuidado.
El anteproyecto también contempla un nuevo permiso parental, este no retribuido, del que podrá hacerse uso de manera continua o discontinua hasta que el hijo cumpla ocho años. En 2023 será de seis semanas y en 2024 se ampliará a ocho.
Otro punto que prevé el documento es una ampliación de la prestación de 100 euros al mes (renta crianza) para las familias con niños de hasta tres años. Belarra había defendido una prestación universal por crianza, como pedían las organizaciones dedicadas a la infancia. España invirtió en familia e infancia el 1,3% del PIB en 2019, frente al 2,3% de media en la UE. Sin embargo, en la negociación de los Presupuestos con el PSOE, solo se logró una medida que se recoge en el anteproyecto: que podrán beneficiarse de la actual deducción fiscal para madres trabajadoras con hijos en este tramo de edad quienes perciban una prestación por desempleo o hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 30 días después del nacimiento del bebé. Esta ayuda será incompatible con el complemento de infancia del ingreso mínimo vital (100 euros al mes para familias vulnerables con niños de hasta tres años). Sumando ambas ayudas, el ministerio entiende que se está cerca de la universalidad en estas edades.
El borrador incluye mejoras en la protección para determinados tipos de familias. Por ejemplo, las numerosas pasan a englobarse en una categoría más amplia, la de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que engloba a otros tipos de hogares que equiparan los derechos respecto a las numerosas, con los beneficios fiscales y otras ayudas que ello conlleva. Entre ellos, las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o un cónyuge que haya obtenido la guarda y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, así como las familias con dos hijos y un ascendiente o descendiente discapacitado. También las monoparentales con dos hijos.
Asimismo recoge bonificaciones de las tasas o precios públicos y prioridad para familias en situación de vulnerabilidad en el acceso a actividades organizadas por las administraciones públicas (extraescolares o campamentos de verano). Se promoverá la visibilidad de la diversidad familiar en el currículum educativo. Así en los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos.
Esta norma formaba parte del acuerdo de coalición de Gobierno, y hay un compromiso con la UE para que sea aprobada antes de junio del año que viene. Será tramitada de urgencia. Los plazos, aun así, son muy ajustados para que su tramitación termine esta legislatura.
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