El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se prepara para enviar un paquete de diez iniciativas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión el 5 de febrero. Durante su reciente conferencia, López Obrador puso especial énfasis en las reformas dirigidas al Poder Judicial y en la implementación de una política de Austeridad Republicana.

Estas reformas buscan establecer un marco legal que efectivamente combata la corrupción en el Poder Judicial y ponga fin a los privilegios existentes, asegurando que nadie en esta instancia gane más que el presidente. El mandatario expresó su decepción ante el fracaso de intentos previos por renovar el sistema desde dentro, criticando a algunos ministros que él propuso por votar en contra de reformas clave, como la integración de la Guardia Nacional al Ejército, a quienes describió como “traidorzuelos”.

La necesidad de estas reformas también se ve reforzada por la intención de evitar que la Guardia Nacional siga el mismo destino que la extinta Policía Federal. El presidente destacó la importancia de mantener esta fuerza bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de la resistencia pasada.

Aunque aún no ha detallado las reformas específicas, en eventos anteriores, López Obrador ha mencionado una importante reforma constitucional para que los ciudadanos elijan directamente a los jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta propuesta apunta a una democratización significativa del sistema judicial, permitiendo que el pueblo tenga un papel más directo en la selección de estos importantes cargos judiciales.

Finalmente, el presidente sugirió que cambiar el proceso de designación de jueces y magistrados a una elección popular ayudaría a erradicar los acuerdos políticos que actualmente influyen en estas decisiones, como los pactos entre el PRI y el PAN en Coahuila, y ofrecería una solución más transparente y democrática.

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