Muchos son los argumentos contra la actual propuesta de reforma judicial. Hay quienes, como Jesus Garza Onofre alertan que los magros requisitos para contender por un puesto de juzgador o juzgadora llevarán a un menor nivel de preparación entre quienes dicten las futuras sentencias. Otras voces, como las de Leticia Bonifaz, la jueza Jazmín Flores o el ministro Luis María Aguilar, enfatizan que desechar la carrera judicial, con todos sus defectos, para los cargos de juez y magistrado borrará décadas de avances en la profesionalización e imparcialidad para dictar justica —especialmente a nivel federal. Algunas más (como la del periodista Arturo Ángel) llaman la atención sobre los onerosos costos del proceso electoral que propone la iniciativa. Y en otros espacios, Melissa Ayala y yo hemos apuntado que la reforma aumentará la ceguera judicial ante abusos de autoridad y normas regresivas en términos de derechos, al aumentar los incentivos de juezas y jueces para ser populares con el oficialismo y la ciudadanía.
A lo largo de este texto, propongo sumar una crítica no menor: las personas comunes y corrientes no tenemos tiempo para participar activamente en una elección judicial. Es un apunte simple, pero pragmático. Como expondré brevemente, votar por las y los jueces implicaría investigar, contrastar y elegir —sin exageración— miles y miles de candidaturas para tan sólo una jornada electoral. Mientras tanto, la persona mayor de edad promedio en México a duras penas tiene tiempo para dormir por sus múltiples obligaciones laborales, familiares y escolares, entre otras. Así, la elección popular de jueces exige una ciudadanía herculina, sin que el Estado mexicano le provea de aquellos servicios que le permitirían tener suficiente tiempo para intervenir adecuadamente.
Elección judicial: una labor titánica
Centrarnos en una entidad federativa, a manera de ejemplo, ilustra lo complejo de la situación que se avecina en caso de aprobarse esta reforma. En Ciudad de México cada votante tendría que definir 352 nuevos jueces, juezas, magistrados y magistradas federales. Como cada Poder de la Unión postularía a dos personas por puesto, esto implicaría 2,112 candidaturas en total. A ellas habría que sumar los 30 perfiles a valorar para la Corte, los 210 para las salas del Tribunal Electoral federal y los 30 para el Tribunal de Disciplina. Se trata de 2,382 candidaturas federales, a las que luego deberíamos añadir a quienes contiendan para ser uno de los 450 jueces, juezas, magistrados y magistradas al Poder Judicial de CDMX. Si las postulaciones por cada puesto local se definieran de manera análoga al mecanismo federal, tendríamos 2,700 candidaturas locales. El gran total sería de 5,082 perfiles a evaluar por la ciudadanía capitalina para renovar tanto el Poder Judicial Federal como el de Ciudad de México.
La realidad cotidiana: escasez de tiempo
Ahora bien, entre muchas otras cosas, las y los mexicanos carecemos de tiempo libre. Según datos del INEGI de las 168 horas que hay en una semana, la persona promedio en el país dedica casi 44 a trabajar. A eso se suman seis horas y media de traslados hacia/desde el empleo, 28.3 horas de labores no remuneradas en el hogar, y seis horas para la producción de bienes que se consumen en casa. Al descontar un ideal de ocho horas de sueño, un individuo promedio tiene cuando mucho tres horas al día para comer, llevar a sus hijas o hijos al colegio, convivir con sus familiares, ingresar a redes sociales, sintonizar la televisión y/o atender algún pendiente personal.
El tiempo disponible es aún menor para poblaciones discriminadas y precarizadas. Por ejemplo, el INEGI apunta que las personas indígenas invierten 3.1 horas semanales más que el resto en trabajo (remunerado o no remunerado), mientras que las mujeres le dedican 6.3 horas más que los hombres. A su vez, un análisis del IMCO sobre movilidad revela que quienes utilizan transporte público en las ciudades pierden 63% más tiempo en traslados que quienes cuentan con un auto particular. Ante la labor de invertir tiempo en las elecciones judiciales, serían los grupos en desventaja los que menos podrían participar de forma efectiva.
Reflexión final
Resulta evidente que la magnitud de los perfiles judiciales a valorar sobrepasaría con creces el tiempo que las personas tenemos para involucrarnos en ello —incluso sin considerar la jornada electoral misma. Recordemos que, según la propuesto del gobierno federal, cada individuo en las casillas tendría que escribir a mano los cientos de nombres de quienes decida apoyar para cada cargo. Por supuesto, hacerlo tomaría tiempo, por lo que las filas serían largas. Ante una participación nutrida, quizá habría que prever incluso más de una jornada por elección.
Así pues, en añadidura a todas las razones técnicas, políticas, presupuestales y económicas que revelan cada vez más la inviabilidad y poca seriedad de la reforma judicial propuesta, es menester tomar nota de una realidad inevitable: los minutos para votar son contados, li-mi-ta-dos. Dicho en palabras simples: al menos en los términos de la reforma ya aprobado en diputados, nadie en México tiene tiempo suficiente de votar por el Poder Judicial.
Ilustración: Nexos
Foto: Cuartoscuro
Agregar a favoritos