Verónica Gascón
Las revisiones anuales del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) significarán una mayor presión para el Gobierno mexicano y las empresas nacionales por la posible presentación de nuevas quejas laborales.
Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez, comentó que se está ampliando el campo de acción del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, ya que en un principio se aplicaba en sectores denominados prioritarios, pero también se han presentado casos de quejas en otros ámbitos, como el de servicios.
Además, se está impulsando que no solo se vigilen la libertad de asociación y la negociación colectiva, sino también otros temas, como la discriminación en algunas empresas.
Ante este panorama, el Gobierno mexicano tendrá que fortalecer las inspecciones de trabajo y las empresas deberán reforzar sus controles de cumplimiento laboral para evitar ser objeto de un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
“La revisión del T-MEC probablemente mantendrá al capítulo laboral y al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida como temas centrales. Para México, ello implica una mayor presión para acreditar el cumplimiento efectivo de la libertad sindical, la negociación colectiva auténtica, la legitimación de contratos colectivos y la neutralidad patronal en los procesos sindicales”, señaló el abogado.
Anticipó que podría surgir la exigencia de una responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las normas laborales que involucre no solo a una empresa, sino también a sus proveedores.
“Algo que no ha surgido con mucha claridad, pero que seguramente ocurrirá, es la responsabilidad solidaria respecto al cumplimiento de las normas laborales en materia de libertad de asociación y negociación colectiva para proveedores y cadenas de suministro. Esto implica un reto para las empresas y requiere que las áreas legales, de Recursos Humanos y de comercio exterior trabajen de manera coordinada”, afirmó.
Recalcó que las empresas con operaciones vinculadas al comercio de América del Norte deberán reforzar sus controles de cumplimiento laboral, revisar sus relaciones sindicales, documentar los procesos de negociación colectiva y atender con mayor rapidez las quejas o los indicios de denegación de derechos.
De la Vega añadió que el riesgo no es solo laboral, sino también comercial, pues una controversia puede derivar en medidas que afecten las exportaciones o las cadenas de suministro.
El experto del despacho De la Vega & Martínez consideró que, durante la revisión del T-MEC, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida también podría ampliarse a otros temas, como la discriminación en los centros de trabajo, y no solo aplicarse a casos relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva.
*English version
USMCA would increase labor complaints
Verónica Gascón
The annual reviews of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) will put increased pressure on the Mexican government and domestic companies due to the potential for new labor complaints.
Oscar de la Vega, a labor lawyer with the firm De la Vega & Martínez, commented that the scope of the Rapid Response Labor Mechanism is expanding. Initially applied only to sectors designated as priority areas, complaints have now been filed in other sectors, such as the service industry.
Furthermore, there is a push to monitor not only freedom of association and collective bargaining, but also other issues, such as discrimination in some companies.
Given this scenario, the Mexican government will have to strengthen labor inspections, and companies will need to reinforce their labor compliance controls to avoid being subject to the Rapid Response Labor Mechanism.
“The review of the USMCA will likely keep the labor chapter and the Rapid Response Labor Mechanism as central issues. For Mexico, this implies greater pressure to demonstrate effective compliance with freedom of association, genuine collective bargaining, the legitimacy of collective agreements, and employer neutrality in union processes,” the lawyer noted.
He anticipated that a requirement for joint and several liability for compliance with labor standards could arise, involving not only a company but also its suppliers.
“Something that hasn’t emerged very clearly, but that will surely happen, is joint and several liability for compliance with labor standards regarding freedom of association and collective bargaining for suppliers and supply chains. This presents a challenge for companies and requires that legal, human resources, and foreign trade departments work in a coordinated manner,” he stated.
He emphasized that companies with operations linked to North American trade must strengthen their labor compliance controls, review their union relations, document collective bargaining processes, and address complaints or indications of rights violations more quickly.
De la Vega added that the risk is not only labor-related but also commercial, since a dispute could lead to measures that affect exports or supply chains.
The expert from the firm De la Vega & Martínez considered that, during the review of the USMCA, the Rapid Response Labor Mechanism could also be expanded to other issues, such as discrimination in the workplace, and not only apply to cases related to freedom of association and collective bargaining.
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