Radar Laboral | 1 de septiembre de 2026
En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al mercado laboral mexicano como una de las historias de éxito de su administración: 60 millones de personas ocupadas, desempleo de apenas 2.7%, recuperación histórica del salario mínimo y nuevos derechos laborales.
Los números son relevantes. Pero, como suele ocurrir con las estadísticas laborales mexicanas, también conviene mirar lo que hay detrás de ellas.
El dato más contundente es el desempleo. México registra una tasa de apenas 2.7%, una cifra envidiable incluso frente a economías desarrolladas. Además, al cierre de agosto se habrían creado 86,765 nuevos puestos de trabajo formal respecto de julio, sin considerar a los trabajadores de plataformas digitales.
El salario constituye probablemente el logro más difícil de discutir. El Gobierno reporta una recuperación real del salario mínimo de 154% respecto de 2018, mientras que el salario promedio en la economía formal alcanzó los 20,212 pesos mensuales.
Durante décadas se advirtió que incrementar sustancialmente el salario mínimo provocaría inflación, desempleo o ambas cosas. Hasta ahora, esa profecía no se ha materializado en la magnitud anunciada. Incluso la CONASAMI ha documentado que los aumentos recientes no produjeron una afectación extraordinaria al empleo formal.
Hasta aquí, la llamada “primavera laboral” tiene argumentos a su favor.
El elefante en la oficina: la informalidad
El problema comienza cuando confundimos tener una ocupación con tener un empleo de calidad.
Los 60 millones de personas ocupadas que destacó la Presidenta no son 60 millones de trabajadores formales. La propia Secretaría del Trabajo reconocía a principios de este año que solamente 44.6% de la población ocupada contaba con empleo formal, alrededor de 26.5 millones de personas considerando los distintos sistemas de seguridad social.
Ahí aparece la otra fotografía del mercado laboral mexicano.
Podemos tener una tasa de desempleo de 2.7% y, simultáneamente, millones de mexicanos trabajando sin seguridad social, estabilidad, ahorro para el retiro o protección efectiva de sus derechos laborales.
En México, muchas veces el problema no consiste en no trabajar, sino en cómo se trabaja.
Por eso la baja tasa de desempleo merece celebrarse, pero difícilmente puede ser utilizada aisladamente como certificado de buena salud laboral.
Más salario, más derechos… y ahora menos horas
El Informe también confirma otra transformación de fondo.
La política laboral de los últimos años dejó de concentrarse exclusivamente en la generación de empleo para intervenir directamente en las condiciones bajo las cuales éste se presta.
Ahí están el incremento sostenido del salario mínimo, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social, las nuevas reglas para jornaleros agrícolas y, sobre todo, la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Esta última quizá sea la reforma laboral más trascendente para las empresas en los próximos años.
La transición ya está definida: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones.
Y eso cambia la conversación.
La pregunta para las empresas ya no es si habrá jornada de 40 horas. La pregunta es cómo producir lo mismo —o más— trabajando menos horas.
Eso obligará a revisar turnos, procesos, tiempos muertos, automatización, productividad, estructuras organizacionales, esquemas de compensación y, en muchos casos, relaciones colectivas de trabajo.
La verdadera prueba de la primavera laboral
Hay entonces razones para reconocer avances. El salario mínimo ha recuperado poder adquisitivo, el desempleo permanece bajo y se han extendido derechos a colectivos que permanecían fuera de los esquemas tradicionales de protección.
Pero una auténtica “primavera laboral” necesitaría algo más.
Necesitaría convertir informalidad en formalidad, elevar productividad, ampliar la seguridad social y conseguir que las nuevas obligaciones laborales sean sostenibles también para las empresas que generan los empleos.
Porque subir salarios por decreto es posible. Reducir horas por ley también.
El desafío mucho más complejo es conseguir que un trabajador mexicano produzca más, gane mejor, trabaje menos horas y permanezca dentro de la economía formal.
Si México consigue esas cuatro cosas simultáneamente, podremos hablar de una verdadera transformación del mercado laboral.
Mientras tanto, los datos del Segundo Informe son alentadores.
Pero la primavera, como sabemos, no se declara por decreto.
El contraste central está respaldado por un dato especialmente potente: la propia STPS reportó que sólo 44.6% de la población ocupada tenía empleo formal, mientras que el Informe habla de 60 millones de personas con empleo/ocupación. La recuperación salarial de 154% y el promedio de $20,212 también están documentados por STPS y CONASAMI. Y la gradualidad de las 40 horas proviene del decreto publicado en el DOF.
Para publicación, yo conservaría especialmente el cierre “la primavera no se declara por decreto”: le da el toque crítico sin convertir la nota en una descalificación de datos que, objetivamente, sí son favorables.
*English version
Sheinbaum’s “labor spring”: good numbers, but not the whole story
Labor Radar | September 1, 2026
In her Second State of the Union Address, Mayor Claudia Sheinbaum presented the Mexican labor market as one of her administration’s success stories: 60 million people employed, unemployment at just 2.7%, a historic recovery of the minimum wage, and new labor rights.
The numbers are significant. But, as is often the case with Mexican labor statistics, it’s also worth looking at what lies behind them.
The most compelling figure is unemployment. Mexico registers a rate of just 2.7%, an enviable figure even compared to developed economies. Furthermore, as of the end of August, 86,765 new formal jobs had been created compared to July, not including workers on digital platforms.
Wages are probably the most difficult achievement to dispute. The government reports a real recovery of the minimum wage of 154% compared to 2018, while the average wage in the formal economy reached 20,212 pesos per month.
For decades, it was warned that substantially increasing the minimum wage would cause inflation, unemployment, or both. So far, that prophecy has not materialized to the extent predicted. Even the National Minimum Wage Commission (CONASAMI) has documented that recent increases have not had an extraordinary impact on formal employment.
Up to this point, the so-called “labor spring” has arguments in its favor.
The elephant in the room: informality
The problem begins when we confuse having a job with having a quality job.
The 60 million employed people highlighted by the President are not 60 million formal workers. The Ministry of Labor itself acknowledged earlier this year that only 44.6% of the employed population had formal employment, around 26.5 million people considering the various social security systems.
Therein lies another picture of the Mexican labor market.
We can have an unemployment rate of 2.7% and, simultaneously, millions of Mexicans working without social security, stability, retirement savings, or effective protection of their labor rights.
In Mexico, the problem is often not a lack of work, but rather how work is done.
That’s why the low unemployment rate deserves to be celebrated, but it can hardly be used in isolation as a guarantee of good labor health.
Higher wages, more rights… and now fewer hours
The Report also confirms another fundamental transformation.
Labor policy in recent years has shifted its focus from solely generating employment to directly intervening in the conditions under which work is performed.
This includes the sustained increase in the minimum wage, the inclusion of digital platform workers in the social security system, the new regulations for agricultural day laborers, and, above all, the gradual reduction of the workweek to 40 hours by 2030.
This last measure may well be the most significant labor reform for businesses in the coming years.
The transition is already defined: 48 hours in 2026, 46 in 2027, 44 in 2028, 42 in 2029, and 40 in 2030, without any reduction in wages or benefits.
And that changes the conversation.
The question for companies is no longer whether there will be a 40-hour workweek. The question is how to produce the same—or more—while working fewer hours.
This will require a review of shifts, processes, downtime, automation, productivity, organizational structures, compensation schemes, and, in many cases, collective bargaining agreements.
The true test of a labor spring
There are, therefore, reasons to acknowledge progress. The minimum wage has recovered purchasing power, unemployment remains low, and rights have been extended to groups that were previously excluded from traditional protection schemes.
But a true “labor spring” would require something more.
It would be necessary to convert informality into formality, increase productivity, expand social security, and ensure that new labor obligations are sustainable for the companies that create jobs as well.
Because raising wages by decree is possible. Reducing working hours by law is also possible.
The much more complex challenge is getting Mexican workers to produce more, earn better, work fewer hours, and remain within the formal economy.
If Mexico achieves these four things simultaneously, we can speak of a true transformation of the labor market.
Meanwhile, the data in the Second Report are encouraging.
But spring, as we know, cannot be declared by decree.
The central contrast is supported by a particularly powerful piece of data: the Ministry of Labor and Social Welfare (STPS) itself reported that only 44.6% of the employed population had formal employment, while the Report speaks of 60 million people with jobs. The 154% wage recovery and the average of $20,212 are also documented by the STPS and the National Minimum Wage Commission (CONASAMI). And the gradual implementation of the 40-hour workweek stems from the decree published in the Official Gazette of the Federation (DOF).
For publication, I would especially retain the closing line, “Spring isn’t declared by decree”: it adds a critical touch without turning the article into a dismissal of data that, objectively, is indeed favorable.
Agregar a favoritos