JARED LAURELES
Crimen organizado frena independencia sindical: informe
México reformó su sistema de justicia laboral para fortalecer la libertad y la democracia sindical, pero ejercer estos derechos puede convertir a los trabajadores y activistas gremiales en blanco de represalias que van desde despidos y hostigamiento hasta amenazas, agresiones y, en los casos más graves, la intervención de grupos criminales.
Así lo advierte un informe de la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (Cosav) y la fundación del sindicato metalúrgico Steelworkers, en el que documentan seis casos en sectores como el automotor, manufacturero, transporte, hulero y minero, donde –subraya– las agresiones contra defensores de derechos laborales no son hechos aislados, sino que presentan un “patrón estructural de violencia” que evidencia que el sindicalismo de protección patronal “persiste con fuerza”, a pesar de la reforma laboral de 2019.
En esta dinámica, detalla, confluyen al menos tres actores: empresas que buscan mantener el control de las relaciones laborales con sindicatos “charros o blancos”; autoridades que, “por tolerancia u omisión”, no garantizan la integridad y derechos de los trabajadores, y grupos vinculados a la delincuencia organizada que recurren a la violencia y la fuerza armada para frenar la organización sindical independiente.
Autoridades minimizan los riesgos para los trabajadores
En el informe La invisibilidad del sindicalismo en la agenda de derechos, la Cosav y Steelworkers señalan que frente a estos riesgos, las autoridades de los tres niveles de gobierno argumentan que se trata de controversias laborales entre particulares o hechos delictivos aislados, lo que ha obligado a los trabajadores a recurrir al mecanismo laboral del T-MEC.
Hortensia Escobar, integrante de Cosav, apunta que uno de los casos más graves es el de la mina Camino Rojo, en Zacatecas –sobre el cual La Jornada ha informado puntualmente–, cuya propietaria Orla Mining fue acusada de utilizar al crimen organizado para presionar a sus trabajadores a desertar del Sindicato Nacional Minero, concluyó el panel laboral del T-MEC.
Además, los casos de la llantera Tornel, en el estado de México, donde trabajadores fueron objeto de un ataque armado, así como de una proveedora de Hyundai, en Tijuana, y Manufacturas VU, en Coahuila, muestran que las agresiones pueden escalar del hostigamiento y las campañas de desprestigio a los despidos, la criminalización y la presunta intervención de grupos de choque o de la delincuencia organizada, incluso fuera de los centros laborales, como en espacios públicos, redes sociales, comunidades y domicilios, con afectaciones a la integridad física y emocional.
Escobar explica que en el informe plantean crear un mecanismo de protección para sindicalistas y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los reconozca como defensores de las garantías fundamentales y fortalezca la investigación de estos casos, solicite medidas cautelares ante riesgos a su integridad y emita recomendaciones para identificar y combatir los patrones estructurales de violencia.
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