La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las disposiciones que regulan las infracciones de tránsito detectadas mediante sistemas tecnológicos en la Ciudad de México– conocidas como fotomultas – son constitucionales. En lo particular, se indicó que cumplen con los derechos de Legalidad y Audiencia previstos en el artículo 14 [Constitucional].

Ello, debido a un juicio de amparo promovido por propietarios de vehículos, quienes mencionaron que resultaba injustificado el hecho de que el propietario de un vehículo se vea obligado a pagar una infracción cometida por una persona distinta al dueño.

Al respecto, la Corte explicó que, en realidad, existe responsabilidad solidaria entre quien comete materialmente la infracción, y el propietario del vehículo.

En ese sentido, el cobro de la multa puede exigirse tanto a quien infringió el Reglamento de Tránsito, como al dueño del automóvil.

Por ese motivo, es posible que, cuando una Empresa otorga o entrega automóvil a un empleado – ya sea como herramienta de trabajo para que realice las funciones de su puesto, o bien, como prestación –, y el trabajador comete una infracción, el patrón puede cobrar a éste último el monto de la multa, y ese cobro puede realizarse vía descuentos salariales.

Es decir, la Empresa puede retener del salario del empleado diversos montos para que, de este modo, se pague la infracción cometida por éste último, independientemente de que el vehículo pertenezca a la Compañía.

Sin embargo, estos descuentos deben efectuarse bajo ciertas condiciones y limitantes, por lo cual deben sujetarse a las reglas que establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.

En lo particular, la retención no podrá ser mayor al importe de un mes de salario, y tampoco puede superar el treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

Entonces, las cantidades a descontar dependerán, por lo tanto, del monto de la infracción, y del salario del empleado.

Por ello, no necesariamente será posible descontar el monto total de la multa en una sola exhibición.

*English version

Collecting Traffic Fines from Employees

The Supreme Court of Justice of the Nation ruled that the regulations governing traffic violations detected by technological systems in Mexico City—known as photo tickets—are constitutional. Specifically, the Court indicated that they comply with the rights to legality and due process established in Article 14 of the Constitution.

This ruling stemmed from an amparo lawsuit filed by vehicle owners, who argued that it was unjustifiable for a vehicle owner to be forced to pay a fine for a violation committed by someone other than the owner.

In this regard, the Court explained that, in reality, there is joint and several liability between the person who physically commits the violation and the vehicle owner.

Therefore, the fine can be levied against both the person who violated the Traffic Regulations and the vehicle owner.

For this reason, when a company provides or gives a car to an employee—whether as a work tool for performing their job duties or as a benefit—and the employee commits a traffic violation, the employer can collect the fine from the employee through salary deductions.

In other words, the company can withhold various amounts from the employee’s salary to pay for the violation, regardless of whether the vehicle belongs to the company.

However, these deductions are subject to certain conditions and limitations, and therefore must comply with the rules established in Article 110 of the Federal Labor Law.

Specifically, the withholding cannot exceed one month’s salary, nor can it exceed thirty percent of the amount exceeding the minimum wage.

Therefore, the amounts to be deducted will depend on the amount of the fine and the employee’s salary.

Therefore, it will not necessarily be possible to deduct the total amount of the fine in a single payment.

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